El indulto de la impunidad

Por Congresista de Nuevo PerúLa presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, ha señalado en una columna publicada en este Diario que es hora de ?empezar a cerrar heridas como país?. Esta declaración merece, por tanto, que las diferentes fuerzas políticas que vivimos la dictadura de la década de los noventa nos pronunciemos.Las reconciliaciones en democracia son válidas y necesarias para que las tensiones políticas no hagan ingobernable el país. Ello no debe significar pactos de impunidad con quienes rompieron el orden democrático y violaron los derechos humanos de muchos peruanos. No somos el único país que ha vivido períodos de dictaduras. El acontecer del siglo XX está marcado por tiranías en todos los continentes. En América Latina en particular, dictadores fueron condenados por tribunales internacionales o los de sus naciones, cumpliendo sus condenas, excepto en el caso de Rafael Videla, quien fue indultado en Argentina por Carlos Menem en 1990.Videla regresó a prisión 8 años después y la Corte Suprema de Justicia Argentina declaró inconstitucional el indulto recibido. En el 2013 falleció en la cárcel.Las dictaduras causan pérdidas de vidas humanas, generalmente de ciudadanos que levantan su voz de protesta. En el Perú, ello ocurrió con el líder sindical Pedro Huilca, que ?según la fiscalía? fue asesinado por el grupo Colina, comando paramilitar que operó durante la dictadura fujimorista, para acallar su protesta contra el desconocimiento de los derechos laborales o de personas inocentes (como lo fueron los estudiantes de La Cantuta, las víctimas de Barrios Altos o de Pativilca).A Alberto Fujimori no se le condenó por ser político. Fue condenado por el asesinato de 25 personas (Barrios Altos y La Cantuta), incluyendo a un niño de 8 años. También por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, por usurpación de funciones, por peculado (reconociendo apropiarse de US$15 millones), por corrupción y por el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar los diarios chicha que apoyaron su llamada segunda reelección (aunque esta sentencia fue revocada en el 2016 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida...

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