IA y sector público: tres propuestas para un debate imprescindible
| Autor | Isaac Martin Delgado |
| Cargo | Catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y Director del Centro de Estudios Europeos "Luis Ortega Álvarez" de la Universidad de Castilla-La Mancha |
La inteligencia artificial (en adelante, IA) es una tecnología transformadora de carácter disruptivo que está impactando fuertemente –y continuará haciéndolo en el futuro inmediato– a todos los sectores de la sociedad. También al sector público. Desde su nacimiento como disciplina científica en los años 50 ha ido evolucionando, rápidamente en unos casos, más lentamente en otros, hasta incrementarse exponencialmente su desarrollo en tiempos recientes como consecuencia de tres factores, principalmente: el crecimiento de la cantidad de datos disponibles (la IA se nutre de ellos); el incremento de la capacidad de computación y de almacenamiento; y el desarrollo de nuevas técnicas.
Aunque existen definiciones doctrinales muy diferentes acerca de qué ha de entenderse por IA, puede partirse de la siguiente idea: IA es todo agente racional creado por humanos que decide y actúa sobre la base de la percepción, procesando información para producir un resultado a través de un razonamiento que emula el realizado por humanos. Es esa capacidad de percibir lo que le rodea y actuar en consecuencia e, incluso, de transformarlo, lo que le hace merecer el adjetivo de “inteligente”. En coherencia con ello, podemos definir genéricamente la acción administrativa algorítmica como la actuación de la Administración por medio de sistemas que integran procesos algorítmicos con el fin de automatizar el proceso decisorio humano, total o parcialmente.
El uso de la IA en el ámbito de la Administración no es una imposición predeterminada, sino que existe un amplio margen de decisión acerca de qué problemas desean resolverse, qué tipo de solución es más adecuada para ello y cómo implantarla en el caso concreto. Ciertamente, renunciar de forma completa a la IA no ha de considerarse una opción –sería tanto como renunciar a satisfacer el principio de eficacia, en su manifestación de deber de incorporar la mejor tecnología disponible, al desaprovechar el potencial que presenta–, pero tampoco ha de serlo aplicarla acríticamente como si no existieran múltiples vías, posibilidades y opciones para ello.
La clave de partida para identificar el espacio de la IA en el sector público debe ser siempre la misma: valerse de las innovaciones tecnológicas para satisfacer más eficazmente el interés público y para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. En consecuencia, no se trata sencillamente de asegurar el cumplimiento por parte de la Administración Pública de las exigencias derivadas del Estado de Derecho y el imperio de la Ley en el uso de sistemas algorítmicos, sino también de garantizar que la forma en que éstos se diseñan y operan integra sus principios nucleares.
En un contexto de aumento exponencial de los datos, necesitamos herramientas para gestionar toda esta información a fin de mejorar el proceso de toma de decisiones. Pero ha de garantizarse que ello no se haga a costa de los derechos reconocidos a los ciudadanos.
Ante esta realidad, las garantías y principios que hemos articulado en nuestros sistemas permiten con carácter general dar una respuesta adecuada a las necesidades actualmente existentes, si bien pueden...
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