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El guardaespaldas impropio de Cerrón

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Vincent

Por RomyChang

La reciente polémica desatada en torno de Vladimir Cerrón (secretario general de Perú Libre), Fernando Orihuela Rojas (gobernador regional de Junín) y Carlos Zárate (suboficial de la policía nacional) ha revivido una vieja discusión respecto de si la asignación indebida de personal policial a quien ni es autoridad, ni ocupa un cargo público, puede o no dar lugar a la configuración del delito de peculado.El peculado se encuentra sancionado con una pena de entre cuatro y ocho años de cárcel, y con una sanción de inhabilitación de hasta 20 años para el ejercicio de la función pública. Sanciona al funcionario público que utiliza o se apropia, de cualquier manera, en beneficio propio o de un tercero, de ?caudales o efectos? cuya administración le es confiada debido a su cargo público. Aquí, el debate gira en torno de si dentro de los ?caudales o efectos? puede o no considerarse la designación de un efectivo policial, por ser este un ?recurso humano? y no un bien o una cosa que sea de propiedad del Estado.Lo cierto es que la asignación de un efectivo policial implica la disposición del pago de un monto de dinero que el Estado debe invertir para el cumplimiento de labores propias de la función pública, por lo que la asignación de un efectivo policial a un particular claramente genera un perjuicio al patrimonio del Estado que, a mi parecer, sí debe ser abarcado por el delito de peculado. En este caso, ni siquiera valdría que el suboficial afirmara...

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