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La gran lucha de nuestros tiempos

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Vincent

Por Presidente de ProéticaLas pérdidas que origina la corrupción representan casi el 10% del Presupuesto General de la República, porcentaje similar al destinado a los sectores Salud o Transportes. Bastaría solo con este dato para darnos cuenta de que, como sociedad, hemos permitido que la corrupción ponga en jaque el desarrollo de nuestro país. Por ello, el gobierno creó la Comisión Presidencial de Integridad (CPI), a la que encargó proponer ?en un plazo de 45 días? medidas para promover la integridad en la función pública, fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.La semana pasada, la CPI ?que actuó con absoluta independencia y autonomía? presentó su informe. En la ejecución de su trabajo escuchó a representantes de todos los sectores. Así, congresistas, ministros, autoridades, empresarios, líderes sindicales, académicos, periodistas y ciudadanos de diferentes regiones en audiencias públicas fueron actores activos del resultado de su informe de 100 medidas.Para la gran mayoría de ciudadanos, la forma en que las autoridades toman decisiones es opaca. Por ello, la primera recomendación de la CPI es que antes del 31 de enero del 2017, todo alto funcionario (incluido el presidente de la República, ministros, congresistas y jueces supremos, entre otros) deberán presentar una declaración jurada de intereses que contenga información sobre sus vínculos societarios, empresariales, profesionales y laborales anteriores al ejercicio del cargo, lo que se hará púbico en las páginas web de cada entidad. El uso eficiente de esto y el desarrollo de un programa de recompensas por denuncias de corrupción serán dos herramientas para que la ciudadanía se entere de quién es quién y sepa qué hacer en casos de corrupción.En la ejecución de su trabajo, la CPI constató la exigencia de los ciudadanos de crear barreras que eviten, entre otros, los siguientes problemas: (i) que los corruptos ingresen al Estado; (ii) que se produzca tráfico de influencias; y (iii) que el financiamiento ilícito siga penetrando la política. Para el primer caso, la CIP ha propuesto impedir el ingreso o reingreso a la función pública a quienes sean condenados por corrupción, aun cuando hayan cumplido su pena.Para el segundo caso, recomendó modificar la legislación de gestión de intereses, en términos similares a los propuestos por Transparencia: establecer un sistema de corresponsabilidad entre gestores de intereses y funcionarios públicos, eliminar la diferenciación...

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