La gestión ambiental durante el gobierno de Ollanta Humala
| Autor | Beatriz Salazar |
| Cargo | Coordinadora del Observatorio Cambio Climático, del Cepes |
| Páginas | 14-17 |
14 LA REVISTA AGRARIA / 181
La gestión ambiental durante el
gobierno de Ollanta Humala
Beatriz Salazar1
A pocos días de concluir el periodo
para el que fue elegido el gobierno
actual, revisaremos lo avanzado en
política medioambiental en el país
y los retos que deberá enfrentar
el próximo gobierno. Tomaremos
como base de análisis los compro-
misos asumidos por los candidatos
presidenciales en 2011 en el Pacto
Político Ambiental2. En vista de que
Humala fue uno de los que lo rma-
ron, ¿hasta qué punto cumplió con
sus promesas? A continuación, re-
visamos los resultados de la gestión
ambiental en los temas priorizados
en el referido pacto.
Armonización entre las políticas
y regulaciones ambientales
con otras políticas públicas
del Gobierno nacional, los
Gobiernos regionales y los
Gobiernos locales
Opinamos que las políticas am-
bientales en los últimos cinco años,
más que haberse armonizado con
otras políticas públicas, se han supe-
ditado a las iniciativas de promoción
de la inversión privada. Desde 2013,
se dispuso una serie de medidas que,
con el pretexto de reducir la «trami-
tología», debilitó la capacidad regula-
dora, scalizadora y sancionadora del
Estado. Por ejemplo, los plazos para
el análisis de los estudios de impacto
ambiental (EIA) fueron recortados
y se establecieron sanciones a los
funcionarios que incumpliesen con
los nuevos plazos, sin considerar las
limitaciones de recursos financie-
ros, humanos y técnicos. Incluso la
OCDE3, en su Evaluación de Des-
empeño Ambiental del Perú, advirtió
que «la tramitación acelerada de cer-
ticación ambiental para promover la
inversión y el crecimiento económico
no debe poner en riesgo el objetivo
de protección ambiental perseguido
por el sistema de Estudios de Impacto
Ambiental».
Otra medida muy criticada fue la
moratoria, por tres años, de la potes-
tad sancionadora del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambien-
tal (OEFA), salvo condiciones excep-
cionales, y la reducción de las multas
a los infractores. La Defensoría del
Pueblo se opuso a esta última medida
por considerar que no contribuye con
el carácter disuasivo de la conducta
infractora4.
También se cuestiona que atribu-
ciones que dependían del sector Am-
biente y se manejaban con criterios
técnicos —como el establecimiento
de zonas reservadas y la Política
Nacional de Ordenamiento Territo-
rial— hayan pasado a depender del
Consejo de Ministros, instancia en
donde aquel sector está en desventaja
numérica ante los sectores que ponen
el crecimiento económico y las inver-
siones por encima de la sostenibilidad
ambiental.
El ordenamiento territorial (OT)
también ha sido motivo de contro-
versia: a partir del conicto de Conga
fue percibido por el gobierno y los
empresarios como un obstáculo para
la inversión privada, y su alcance se
limitó a desempeñar sólo una función
orientadora en el uso del territorio.
Aunque el Acuerdo Nacional aprobó
una política de Estado sobre ordena-
miento y gestión del territorio, no se
establecieron metas ni indicadores
y poco se ha avanzado en ponerla
en práctica. Adicionalmente, en el
Congreso se mantiene estancado el
proyecto de ley de Ordenamiento
Territorial5.
Por otro lado, el análisis de la asig-
nación de recursos presupuestales es
útil como indicador de la prioridad
dada al sector Ambiente. Según la
Contraloría, entre 2009 y 2015, el
presupuesto de la función Ambiente
ha crecido 10 % anual en promedio,
pero en total no supera el 2 % del
Presupuesto General de la República.
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... Las políticas ambien-
tales en los últimos cinco
años, más que haberse ar-
monizado con otras políti-
cas públicas, se han supe-
ditado a las iniciativas de
promoción de la inversión
privada. Los plazos para el
análisis de los estudios de
impacto ambiental fueron
recortados y se establecie-
ron sanciones a los funcio-
narios que incumpliesen
con los nuevos plazos...
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