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Sobre gastos y torpores

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Vincent

Los gobiernos intrarregionales de Arequipa y otras localidades del país tienen que enfrentar este año una sensible reducción del dinero que reciben de los impuestos pagados por las empresas mineras que operan en su territorio. Es decir, del canon minero.Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las transferencias que recibirán en el 2015 los gobiernos regionales por ese concepto serán S/.3.415 millones menores que en el 2012 (S/.5.124 millones) y cerca de S/.1.200 millones menores que en el 2014 (S/.2.979 millones). Una circunstancia que obedece fundamentalmente al hecho de que los precios de los commodities hayan caído en el contexto internacional.Esa situación, sin embargo, se ve severamente agravada por el probado torpor de tales gobiernos para presupuestar y ejecutar adecuadamente sus gastos. Por ejemplo, según el Ministerio de Energía y Minas, aunque a la región Áncash le correspondió en el 2014 la suma de S/.748 millones por canon, regalías y derechos de vigencias, su presupuesto institucional modificado (PIM) solo contempló S/.170 millones de gasto financiado por esa fuente. Y, peor aun, de esa cifra únicamente se ejecutó el 39,5%. En general, según el MEF, los gobiernos regionales y municipales solo consiguieron ejecutar el pasado año 79% y 78% del PIM. En otras palabras, existe en las arcas de todos ellos un importante capital que reiteradamente deja de ser utilizado. Siempre de acuerdo con cifras del MEF, diez gobiernos subnacionales a los que se les transfirió el 85% del canon no gastaron S/.3.500 millones. Los problemas, además, no se detienen ahí, pues no todo gasto ejecutado supone un resultado positivo. La construcción de un estadio de fútbol por parte de un municipio cuyos vecinos no cuentan con red de agua potable, por ejemplo, a duras penas podría considerarse una inversión provechosa para esa comunidad. Y, por otro lado, la existencia de dinero sin gastar invita a la corrupción, como quedó claro con el informe de la Procuraduría Anticorrupción del año pasado. Según este, 1.699 (92%) de los alcaldes en funciones debieron ser investigados por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión.Asimismo...

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