El fin del aporte voluntario minero ocasionaría fricciones
Por Manuel Marticorena Solís
El nuevo gravamen y el incremento de las regalías mineras, establecidos en setiembre del año pasado, sellaron la culminación del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (también conocido como ?aporte voluntario minero?). De esta manera, el Gobierno indicó que el Estado se haría cargo de la distribución de los recursos que bajo el nuevo sistema impositivo se empezarían a generar desde finales del año pasado.
Sin embargo, algunos empresarios mineros empiezan a mostrar cierta preocupación debido a que entre la culminación del aporte voluntario y el inicio de los programas sociales prometidos por el Gobierno se podría generar un vacío que desemboque en más reclamos sociales en las zonas mineras.
Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos de Barrick Misquichilca, indica que hasta el momento hay tranquilidad porque las comunidades aún están sintiendo el desembolso de las inversiones generadas por el remanente del aporte voluntario, pero que una vez que estos concluyan, se incubarían nuevos pedidos de inversión directa que se harían a las mineras.
Se debe indicar que el aporte voluntario era un fondo destinado a proyectos de desarrollo social, los cuales eran decididos por un comité conformado por autoridades locales, regionales, ONG y la propia empresa minera.
De esta manera, se conformaron 81 fondos (entre locales y regionales) que entre el 2007 y el 2011 destinaron cerca de S/.2. 285 millones en cerca de 2.559 proyectos. Hoy, el 84% del monto recaudado ya está comprometido en obras.
Ricardo Morel, director del Instituto de Desarrollo Social, indica que si bien muchos de estos proyectos no tuvieron una perspectiva más amplia, el mecanismo de decisión que desarrollaron ha sido positivo.
?Los comités han sido espacios de diálogo y encuentro entre las comunidades, las autoridades y las empresas mineras para decidir en qué gastar el dinero. Una vez que ya no hay qué decidir, todo lo que se había ganado en comunicación se pierde?, señala.
Morel considera incluso que si los comités siguieran funcionando y decidiendo el destino de los recursos, el gobierno regional y la empresa tendrían un mejor entendimiento.
La preocupación de las empresas es que una vez concluidas las actividades de los comités y los desembolsos, las autoridades de las zonas de influencia, al no ver transferencias por el aporte voluntario, harán nuevos pedidos. Y al no tener un comité que decida el destino de los recursos, se podrían...
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