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Exitoso sistema económico en riesgo

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Vincent

Por ÓscarUrviola

El Congreso, con inusitada velocidad, aprovechando como justificación los efectos de la pandemia, ha aprobado, con amplia mayoría, el proyecto de ley denominado: ?Ley que Protege de la Usura a los consumidores de los servicios Financieros? y que el Ejecutivo ha observado. Actualmente, la ley en proceso se encuentra en manos de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que analiza la observación del Gobierno y que, por la información trascendida, está dispuesta a recomendar al Pleno su promulgación por insistencia.La ley contiene flagrantes violaciones constitucionales, en la forma y en el fondo, que son importantes advertir antes que, de entrar en vigencia, genere efectos negativos en nuestra economía, en la actividad financiera y en el funcionamiento del sistema que garantiza la autonomía, competencia y especialidad del Banco Central de Reserva, cuya actividad ha permitido mantener en nuestro país una solidez monetaria, financiera y cambiaria reconocida mundialmente.La norma propone: i) Regular las tasas de interés en el sistema financiero, estableciendo topes máximos, ii) Penalizar como delito de usura, el cobro de tasas de interés que excedan el límite máximo establecido por el BCRP, y iii) Prohíbe el cobro de penalidad, comisiones y gastos en caso de incumplimiento o atraso en el pago del crédito.El proyecto no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 75 del Reglamento del Congreso que exige: ?Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo beneficio de la futura norma legal?, que evidencia su improvisación y su carácter populista.En el fondo, y esto es lo importante, se aparta del rol que la Constitución, en su artículo 58, le brinda al Estado en la economía social de mercado, disponiendo que la iniciativa privada es libre y que coloca al Estado como un orientador, principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Es decir, de un lado, se prioriza la actuación de los agentes económicos privados, y del otro, el Estado asume ciertas responsabilidades de significación social dentro de la economía, a fin de proteger a las personas.La ley aprobada atenta contra el derecho a la...

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