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¡Exijamos su renuncia!

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Vincent

Por PeriodistaLea mañana en Política aFernando TuestaEl Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta. El año pasado, once marinos retirados denunciaron constitucionalmente a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haberle cambiado el sentido al voto de uno de sus predecesores: la inadmisible reinterpretación hecha por esos magistrados condena a los marinos a ser procesados, nuevamente, 31 años después, por el Caso El Frontón.Hace cinco días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo ordenándole al Estado que archive el procedimiento de acusación constitucional que el Congreso inició a los cuatro jueces del TC.La corte ordena el archivamiento del proceso, pero no hace explícita una exoneración a los magistrados cuestionados: no se atreve a librarlos de la responsabilidad de haber cambiado el voto de uno de sus antecesores, aprovechando que este se encuentra enfermo e incapacitado para protestar.Desde ese día, se suman los ciudadanos que opinan que el Perú debiera retirarse de la competencia de la Corte IDH. Como primera reacción, algunos congresistas sugirieron desacatar el fallo. Las pasiones se exacerban porque se trata de una disposición que, de nuevo, desprotege y deslegitima la desgarradora lucha que libramos los peruanos contra el terrorismo.La corte falla, la mayoría de veces, de manera desproporcionada contra el Perú, siempre cuando se trata del Estado enfrentado al terrorismo. Sus jueces se niegan a ponerse en los zapatos de quienes tuvieron que cargar con la responsabilidad de la guerra contra el terror.Pero los pactos son para cumplirse. El respeto por las normas institucionales y por los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país nos obliga a mantenernos en el marco de la corte. Pero nuestra condición de ciudadanos nos conmina a encontrar, internamente, una solución que no deje impune la manipulación tendenciosa a la que se prestaron los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda.El abogado penalista César Azabache ha propuesto que el Gobierno convoque a los involucrados a una mesa pública de...

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