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La excepción devenida regla

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Vincent

Ayer el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido preliminarmente en cumplimiento de una resolución judicial que acogió una solicitud del Ministerio Público al respecto. La circunstancia de ver en tan duro trance a quien hasta hace poco más de un año ocupaba la jefatura de Estado en nuestro país es, por supuesto, impactante y tiende a generar una mayor curiosidad por los detalles del episodio que por la justificación de la medida. Pero, pasado el revuelo inicial del acontecimiento, corresponde preguntarse por la consistencia de esta última. Máxime, en un contexto en el que las detenciones preliminares y las prisiones preventivas parecen haberse convertido en pasos de rigor en las indagaciones de la fiscalía, cuando involucran a personas de relevancia política.Aunque constituyen, en efecto, instrumentos cuya activación el Ministerio Público puede solicitar en distintos momentos de una investigación ?la primera procede antes de que el fiscal haya formalizado denuncia ante el Poder Judicial, mientras que la segunda, solo después de que eso haya ocurrido?, es claro que en los dos casos se está privando de la libertad a personas que no han recibido todavía sentencia alguna, por lo que el Código Procesal Penal establece ciertos requerimientos para su aprobación.En general, lo que se demanda es que existan ?razones plausibles? o ?graves elementos de convicción? para estimar que el individuo detenido ha cometido un delito sancionable con pena privativa de la libertad superior a cuatro años, así como que sus antecedentes o las circunstancias del caso permitan colegir cierta posibilidad de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad.Se trata, pues, de una precaución que ha de estar debidamente justificada y en ningún caso de una sentencia anticipada. Y, además, de un trance excepcional.En varias de las investigaciones que tiene en marcha y que comprenden a actores políticos de primer orden, sin embargo, la fiscalía ha pedido la aplicación de uno u otro instrumento (cuando no la de los dos de manera sucesiva) y con ello ha suscitado la impresión de que la excepción ha devenido regla.Sucedió con el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, cuyas prisiones preventivas, al cabo de casi 9 meses, el Tribunal Constitucional (TC) consideró basadas sobre argumentos inconstitucionales. Sin la intervención de este órgano legal, es probable que hayan cumplido el plazo original (18 meses).Y sucedió y continúa...

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