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Evitar la desaparición para prevenir la explotación

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Por Luis enriqueAguilarBruno (2011) y Jimena (2018) son dos nombres que no deberemos olvidar. Ambos deben formar parte de nuestra memoria colectiva y hay que recordarlos cada vez que desaparezca una persona menor de edad. Por supuesto, sus trágicas historias son expresión de una escalofriante realidad. Según la información sistematizada por CHS Alternativo, entre los años 2008 y 2016 desaparecieron 34.216 personas (más de 10 desapariciones diarias), historias que corresponden a niñas, niños y adolescentes, pero también a personas con capacidades diferentes, adultas mayores, entre otras. De estas, el 2016 solo pudo identificarse el paradero del 23% de desaparecidos de ese año.El Estado ha reaccionado frente a la preocupación pública y a sus propios errores. El caso de Bruno generó la aprobación de le Ley 29685, que establece que la policía debe recibir y tramitar la denuncia de desaparición en forma inmediata, sin esperar 24 horas de la desaparición (la familia del niño no pudo presentar su denuncia). Ahora, la desaparición y el asesinato de Jimena han generado la decisión de implementar un sistema de alerta pública, siguiendo una práctica de otros países: la alerta Amber. Esta iniciativa es difícil de cuestionar, pero también de implementar. La desaparición de una persona necesita ser conocida por la ciudadanía para facilitar su ubicación. Pero una medida de este tipo debe implementarse con cuidado y coherencia, evitando caer en la añeja práctica de ?construir sin invertir?. Que el Estado haya centrado su preocupación en la urgencia de esta alerta y esté involucrando al sector privado es completamente razonable. Pero también es válido preguntarse cómo va a implementar esta medida para que sea eficaz, al menos mucho más que la Ley 29685. Por ejemplo, surgen preguntas como: ¿La alerta será emitida para todos los casos de desaparición de personas comprendidos en la ley? ¿Las empresas privadas estarán obligadas a difundir la alerta o será una iniciativa voluntaria? ¿Qué información y características tendrá la alerta? ¿Podrá oponerse la familia a la difusión de la alerta? ¿Quién autorizará finalmente su emisión? ¿Cuánto tiempo tendrá la autoridad para decidir emitir la alerta? ¿Contamos con la tecnología necesaria?Cada interrogante ha tenido una respuesta diferente en los países que han implementado este tipo de alerta. Pero en los casos más exitosos esta medida es acompañada del fortalecimiento de toda la capacidad estatal necesaria para hacer...

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