Entidades evaden fiscalización entregando licitaciones a organismos internacionales

Por Elizabeth Salazar. Unidad de InvestigaciónEl Estado puede encargar a organismos internacionales la responsabilidad de contratar a empresas para realizar obras o servicios. La ley de contrataciones lo permite solo cuando se trata de un megaproyecto, un proceso muy técnico o cuando la tercerización resulta más económica. Sin embargo, en los últimos tres años el mismo sector público abusó de la norma.Desde el 2011 hasta setiembre del 2013, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contabilizó 1.721 licitaciones (por S/. 2.853 millones) que fueron delegadas a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Unops de Naciones Unidas, entre otros.Estas entidades cobran hasta 3,5% del costo de cada obra, a cambio de dirigir el proceso de selección, analizar las propuestas y otorgar la buena pro. En promedio, entre el 2011 y 2013, estas entidades han recibido S/.85 millones como ganancia por sus servicios.El Comercio conoció que las entidades del Estado que más recurrieron a los convenios internacionales desde el 2011 fueron el Programa de Educación Básica del sector Educación, el Gobierno Regional de Ayacucho, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud (Sunasa), la Sunat y el municipio de Surco.Millones sin fiscalizaciónEn el 2011 se realizaron contratos por S/.651 millones, en el 2012 la cifra llegó a S/.1.618 millones y solo a setiembre del 2013 se llegó a S/. 586 millones. Un total de S/. 2.855 millones en los últimos tres años. Sin embargo, estos montos no alcanzan la cifra del 2010.Aquel año, municipios, ministerios y gobiernos regionales tercerizaron contratos por la cifra récord de S/.3.155 millones. Solo Luis Castañeda, entonces alcalde de Lima, le encargó a la OIM la administración de 177 obras viales y pagó por ello S/.43 millones de comisión.Al descubrirse estos montos, las contrataciones con entidades internacionales se redujeron hasta en un 80% en el 2011, pero desde entonces la tendencia está de regreso.Críticas de pesoEl mayor cuestionamiento que pesa sobre estos convenios es la imposibilidad, por parte del Ministerio Público y la contraloría, de fiscalizar el dinero que los organismos internacionales reciben o identificar a responsables en caso se detecten ilícitos. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción dijeron que este fue uno de los obstáculos para investigar al cuestionado presidente...

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