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Embudo electoral

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Vincent

Un asunto que había quedado un tanto relegado del debate público en los últimos meses es el de la reforma político-electoral. Sin embargo, ha saltado nuevamente a la palestra debido a una particular iniciativa legislativa presentada por el congresista Richard Acuña. Esta consiste, básicamente, en una modificación del artículo 18 de la Ley de Organizaciones Políticas, al cual le añadiría el siguiente párrafo: ?Para inscribirse como candidatos, los afiliados deben contar como mínimo con tres años de inscripción a la organización política [sic], a la fecha de las elecciones correspondientes?. Una propuesta bastante similar a la que había planteado anteriormente Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, la cual exigía también un año de afiliación partidaria como mínimo para postular a las elecciones de alcance distrital, provincial o regional. Las iniciativas han sido objeto de varias críticas al presumirse que tendrían un objetivo especial: sacar de carrera a algunos políticos que han hecho públicas sus aspiraciones de postular a la Presidencia de la República en el 2021 y aún pugnan por lograr la inscripción de sus nuevas organizaciones, como es el caso de Julio Guzmán con el Partido Morado y Verónika Mendoza con Nuevo Perú. En efecto, si se aprobaran los proyectos legislativos mencionados, resultaría prácticamente imposible que ellos o cualquier otra persona que no milite actualmente en un partido político postulen a las siguientes elecciones generales. La suspicacia en torno al interés de los proponentes crece cuando uno repara en que las encuestas de intención de voto preliminares ubican a Guzmán y a Mendoza en una situación expectante, por debajo de Keiko Fujimori de Fuerza Popular, pero encima de César Acuña y Alan García, coincidentemente los ex candidatos presidenciales de los partidos que hoy impulsan esta peculiar reforma. Más allá de que aún es muy temprano para ir perfilando los candidatos que participarán en los comicios de aquí a tres años, y de si se tratan de proyectos de ley con nombre propio o no, cabe preguntarse si esta reforma, en realidad, responde a los intereses de la ciudadanía. Después de todo, es el electorado el que debería tener mayor poder de decisión sobre quiénes deben ser sus autoridades, y no se entiende cómo esta limitación podría favorecer su libertad y...

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