El ejercicio de derechos políticos por parte de miembros de la fuerza pública. Una visión histórica
| Autor | Maria Juliana Santaella |
En Colombia, y de manera general en América Latina, los límites al ejercicio de derechos políticos por parte de miembros de la Fuerza Pública encuentran una justificación histórica. En nuestro ámbito nacional, desde el mismo momento en que se comenzó a forja una fuerza independentista de la Corona, se vieron las primeras muestra de nepotismo y autoritarismo. En el denominado el Periodo Unitario, el modelo republicano encontró su excepción en una concepción absolutista del poder, concretamente con la proclamación de Simón Bolívar como “Jefe supremo del Estado”, con una evidente influencia del pensamiento absolutista francés1, el mismo nepotismo de su representante, Luis XIV, y la negación Constitución Política de 18212. Dicha autoproclamación de autoridad, la dictadura de Bolívar, “rompió el cauce democrático y representativo de la joven nación, e instauró su propio modelo absolutista de administración.”3
Entrados en la etapa unitaria, con la proclamación de la Constitución Política de 1886, y durante lo que se conoce como “la hegemonía conservadora” se dio el asenso al poder del general Rafael Reyes, inmediatamente después del fin de la guerra de los mil días, y durante un periodo de cinco año, conocido como “El quinquenio de Reyes” el cual implicaría en una dictadura caracterizada por el cierre del Congreso Nacional y la prórroga de su periodo presidencial4. Reyes presionado por la oposición, liderada por un grupo de estudiantes, decidió dimitir a su cargo, y sería el Congreso Nacional quien reemplazaría al general Reyes en la presidencia por el general Ramón González Valencia5
Ya en 1929 el movimiento estudiantil apareció con gran fuerza política, lo que aunado a la división del partido conservador entre los candidatos Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo derivó en el fin de la era conservadora y la llegada al poder de los liberales6 bajo la dirección de Enrique Olaya Herrera, iniciando así la llamada “hegemonía liberal”. Para el tema que nos interesa se destaca que durante la presidencia de Olaya Herrera se promulgó la Ley 72 de 1930, y en su artículo 1º se establece que la fuerza armada no es deliberante; disposición que más adelante sería elevada a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 1 de 19457, ya bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo.
Una vez entrados en los años 50´s, y con la innegable influencia militarista de la guerra fría y la oleada de golpes militares en América Latina, Colombia no fue la excepción8. Así, el fatídico 13 de junio de 1053 las Fuerzas Armadas se rebelaron en contra del orden establecido en la República, llevando al general Gustavo Rojas Pinilla al poder, quien gobernó en la dictadura militar hasta 19579, hecho histórico que influenció y reforzó la idea de limitar el ejercicio de derechos políticos de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en nuestra época, bajo el fenómeno de la “séptima...
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