Economía política de un desastre

El último domingo, decenas de familias de San Juan de Lurigancho se despertaron para vivir una pesadilla. Una tubería de Sedapal se había roto y cientos de metros cúbicos de desagüe invadía sus viviendas. En algunas, las aguas negras llegaban hasta el segundo piso, por lo que personal de emergencia tuvo que usar botes salvavidas para rescatar a quienes quedaron atrapados en sus casas.Además de sentir indignación (imagine la que sentiría si fuese uno de los 2.000 afectados), deberíamos ponernos a pensar qué hacer para que Sedapal opere bajo estándares internacionales de eficiencia. Hoy está lejos. Según la Sunass (el regulador del sector), durante el 2017 facturó menos del 75% del agua que produjo y solo abasteció a sus clientes de agua potable 21,4 horas al día, en promedio. Su único consuelo es que los estándares del resto de las empresas del sector son más bajos. En promedio, estas dejaron de facturar más del 40% del agua producida y abastecieron de agua potable poco más de 18 horas al día. Y muchas de ellas no tratan las aguas residuales.Luego de más de 25 años de experiencia positiva en la prestación de servicios públicos por parte de empresas privadas (cuyos estándares, aún imperfectos, están a años luz de los de Enapu, Electro-Lima o la Compañía Peruana de Teléfonos), es obvio que transferir las empresas de agua y desagüe al sector privado solucionaría el problema. No es muy difícil diseñar contratos que obliguen a los concesionarios a operar bajo estándares internacionales, y la tecnología para supervisar su cumplimiento es harto conocida. ¿Cuál es entonces el problema? La política, por supuesto. Cuando la solución técnica es conocida, los costos asequibles y aun así un problema continúa, la causa es casi siempre la política.Por un lado, el tema de agua y...

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