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Disonancia cognitiva

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Vincent

Por Luis Carranza. Ex ministro de Economía y Finanzas La crisis política que vive el país es producto del conflicto que existe entre las creencias e ideas que se tiene en el Gobierno sobre la institucionalidad democrática y lo que está definido en la Constitución, que es conocido y aceptado por los partidos políticos y la población. El viernes último el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al Gabinete justamente por el riesgo del deterioro de la institucionalidad en el país. Al momento de escribir el artículo este entrampamiento político no se ha resuelto, pero el peso de la solución no está en la oposición sino en el Ejecutivo. El pedido de voto de confianza no presupone su obtención, como si fuese un mero ritual. Otorgar el voto de confianza refleja el compromiso mayoritario de las fuerzas políticas del país de apoyar la gestión del nuevo Gabinete porque se cree en la propuesta.Y esto no es solamente una anécdota política. Esta falta de confianza es la razón fundamental de la desaceleración de la actividad económica en el país. Esta disonancia cognitiva se sustenta en una serie de falacias y contradicciones que han llevado a malas decisiones y la consecuente caída en el ritmo de crecimiento de la inversión privada. La principal falacia es la petición de principio, falacia en la cual la conclusión esta contenida en la premisa. Desde un inicio se pensaba que el crecimiento estaba garantizado y que la inversión privada, en especial la inversión minera, iba a continuar. Por tanto, se podía descuidar la competitividad del país, subir impuestos de manera excesiva, aumentar la regulación en todos sus ámbitos y que no tendría ningún impacto sobre el crecimiento. La realidad es que la economía se viene desacelerando y la inversión privada se ha estancado. Esto es más grave en el caso de la minería. Desde un inicio se modificó en exceso la carga tributaria minera, se ajustó la regulación ambiental y recientemente se incorporaron cargas para financiar las actividades regulatorias del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y que pueden crecer hasta llegar a 1% de las ventas, lo cual es claramente confiscatorio. La entrada en operación de importantes proyectos mineros en los próximos años, con el nivel récord de inversión minera logrado en el 2013, parecería evidencia suficiente para el argumento anterior. Pero aquí se cae en la falacia de la...

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