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Sin dientes no hay transparencia

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Vincent

Uno de los pilares fundamentales de la democracia tal cual se la entiende hoy es, sin duda, el derecho de todos a acceder libre y fácilmente a la información pública. Gracias a él, cualquier ciudadano puede solicitar, por ejemplo, información sobre el destino de los impuestos que paga o sobre las capacidades de los funcionarios que esos impuestos financian. En el Perú, este derecho se vio consagrado en una norma ?la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública? hace poco más de una década. Y si bien desde entonces ha producido algunos resultados positivos, un informe publicado la semana pasada en este Diario nos ha advertido cuán lejos estamos de que su cumplimiento sea satisfactorio. Páginas web sin información adecuada, entrega parcial de datos, solicitudes denegadas sin motivo y cobros arbitrarios son pan de cada día en diversas reparticiones públicas del país. Según un informe de la Defensoría del Pueblo (DP), en el 2013, el 58% de las entidades públicas no entregó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) cifras sobre las solicitudes de información que recibieron; y entre ellas, los gobiernos distritales fueron los más incumplidos. De hecho, y siempre según las cifras de la DP, actualmente una de cada cuatro municipalidades de Lima Metropolitana incumple la ley de transparencia. La pregunta que cae de madura, entonces, es por qué tal incumplimiento es tan generalizado.Pues bien, un análisis atento revela que esa circunstancia deriva en gran medida de un defecto en el diseño de la norma. En concreto, del hecho de que si bien se establecen en ella los procedimientos y obligaciones de las entidades públicas y sus funcionarios, no se especifica al mismo tiempo qué sanción corresponderá a quienes los ignoren. Es decir, se trata de una ley sin dientes. Y sin penas que afrontar, la experiencia indica que toda burocracia se rinde a la cultura del secretismo y se torna ajena al ciudadano, cuando no proclive a la corrupción.Semejante situación deja en claro desamparo a los ciudadanos que, ante cualquier incumplimiento de la ley, no tienen otro camino para reivindicar sus derechos que el de iniciar un largo y costoso proceso judicial. Y aun cuando la controversia pudiera ser elevada al Tribunal Constitucional (TC), el panorama no luce más alentador: en algunos casos, la referida institución ha tardado más de tres...

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