Un derecho LGTB

Por Ronald Gamarra. Abogado

La separación entre Estado e Iglesia es fundamental en un país que se pretenda democrático y respetuoso de las diferencias. Los gobernantes deben administrar y conducir al país no en función de particulares confesiones o doctrinas religiosas, sino en base a los derechos humanos y al Estado de derecho.

El Perú es un Estado pluricultural, plurilingüe, pluriconfesional, multirracial, con diversidad sexual y diversidad biológica, en el que se reconoce la identidad en la pluralidad y se predica que todos los seres humanos ?únicos, singulares y diversos? tenemos derecho a la libertad y a la dignidad, en condiciones de igualdad. Por lo mismo, es un contrasentido afirmar la universalidad de tales derechos si al mismo tiempo se excluye de su goce a un grupo de personas, como la población de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB); exclusión que, por lo demás, promueve la marginación, condenando a los y las integrantes de este valioso colectivo a vivir en situaciones de injusticia , violencia, prejuicio y discriminación.

La población LGTB es parte de la sociedad y tiene derecho a la plena igualdad, sin restricción alguna. El Estado, en tanto garante de los derechos de todos, tiene la obligación de legislar y promover los mecanismos que garanticen la igualdad ciudadana para este sector de la población, y de remover todo obstáculo que le impida el goce de los derechos en condiciones de igualdad. Es decir, debe abrir paso a la normalización del estatus de la población homosexual, debe reconocerle acceso a los mismos derechos que a los demás, entre ellos al matrimonio, como sucede cada vez más en los países civilizados. Tal obligación emana de la Constitución, los tratados sobre derechos humanos, las resoluciones de la OEA y las sentencias de la Corte...

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