Su derecho a elegir

Hasta ahora, señor lector, este Diario había evitado pronunciarse sobre la controversia generada por el grupo La República en torno a la asociación del grupo El Comercio con el grupo Epensa, presentada como una forma de ?acaparamiento? que pondría en peligro la libertad de expresión. Esta era la razón de nuestro silencio: nos parecía que el doble estándar detrás de los argumentos dados para presentar la aludida asociación como un tema no estrictamente empresarial era demasiado evidente como para ameritar una respuesta. Al fin y al cabo, como se sabe, justo antes de empezar su campaña de ?denuncia? en contra de la ?concentración?, el grupo La República había intentado comprar Epensa a la familia Agois en una adquisición hostil que le hubiera dado la propiedad del 66% del mercado de prensa escrita a nivel de provincias. Y cuidado que este era un 66% que implicaba la compra de una concentración significativamente mayor a la que existe ahora: a diferencia de lo que ha hecho el grupo El Comercio, la operación ensayada por el grupo La República no contemplaba dejar la línea editorial de los cuatro medios de Epensa en manos de una empresa que continúa siendo enteramente controlada por la misma familia Agois. Es decir, si el grupo La República hubiese tenido éxito en su adquisición, tendríamos en el mercado de prensa escrita solo dos grandes grupos editoriales de alcance nacional en lugar de los tres que existen hoy.No obstante lo anterior, la incesante campaña del grupo La República por intentar confundir a la opinión pública sobre este tema (campaña que recientemente llevó a la SIP) y sus obvias tentativas de lograr algún tipo de intervención estatal en el mismo, nos han convencido de la necesidad de responder a esta operación mediática y de mostrar lo endeble de sus razones. Particularmente, luego de las ambiguas declaraciones en las que el primer ministro ha aludido a un supuesto ?vacío? en nuestra regulación de medios y ha implicado que este caso es un ejemplo de cómo el derecho a la ?libertad de expresión? de las empresas puede perjudicar el ?derecho a informarse de las personas?. No queremos que nuestro silencio posibilite que, aunque solo sea a punta de repetir falacias, se confunda a muchas personas de buena fe y eventualmente se acabe creando el ambiente propicio para alguna futura intervención estatal en la prensa al estilo de la Argentina de Cristina Kirchner, el Ecuador de Correa o la Venezuela de los chavistas.Por todo esto, nos...

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