Con el defensor del Pueblo, Walter Alban.
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La Defensoría del Pueblo ha estado muy vinculada a las comunidades nativas y tiene, incluso, un programa para ellas. ¿Cómo percibe la Defensoría la problemática de las comunidades campesinas?
La Defensoría del Pueblo inició en 1996 un trabajo en ejercicio de su mandato constitucional: proteger a la persona y a la comunidad en sus derechos fundamentales. Obviamente, siempre hay sectores que merecen una especial atención. Tenemos un programa especial sobre comunidades nativas porque estas implican un universo más restringido y tienen un nivel de organización que hace más factible desarrollar un programa orientado hacia sus miembros.
El tema de las comunidades campesinas es muy amplio y tiene que ver con la situación y el desarrollo rural del país. Pero la Defensoría se ha vinculado también con las comunidades campesinas; por ejemplo, con el Programa de Protección a Víctimas de la Violencia (en la medida en que, como señala el informe de la Comisión de la Verdad, son sobre todo los pobladores rurales andinos en la sierra central los que más han sufrido la violencia política).
Así, se ha propuesto que la institución pueda promover políticas públicas en favor de la justicia, la equidad y la inclusión. Ello supone trabajar con la población más pobre del país, a la que encontramos principalmente en el mundo rural. Esto es no solo hacer hincapié en los derechos civiles y políticos, sino también en los derechos sociales, económicos y culturales, que en este caso tienen tanta importancia.
Hay que trabajar contra la impunidad, llevando adelante los procesos por graves crímenes contra los derechos humanos (muchas de las víctimas están en las zonas rurales andinas). Asimismo, hay que definir lo que corresponde a las reparaciones colectivas o reparaciones individuales de diverso orden, que tienen que ser brindadas, en algunos casos, incluso con una compensación dineraria a cada una de las víctimas.
La Defensoría piensa trabajar en estos distintos rubros. Continuamos depurando la lista de los desaparecidos, con la información que nos dio la Comisión de la Verdad; ello debe complementarse con las reparaciones y la investigación sobre los entierros, de los que también da cuenta el informe. Sobre esta base queremos plantear la reforma institucional. Consideramos fundamental que en estas decisiones de política de Estado se pueda tener claro cuál es el modelo de desarrollo rural en el Perú. Ese desarrollo económico y social debe tener como base la situación de...
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