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En defensa de la Defensoría del Pueblo

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Vincent

Por Director ejecutivo de Proética y profesor de la PUCPPocas instituciones en el Estado Peruano han sabido ganar tanta legitimidad como la Defensoría del Pueblo, por su permanente vocación de servicio y total apego al mandato que la Constitución le señala. Desde sus inicios en 1996, cuando asumió funciones su primer titular, Jorge Santistevan de Noriega, ha mantenido su independencia sin aceptar presiones o injerencias.Asimismo, ha mantenido una completa adhesión a los valores democráticos que inspiran su actuación. Ello ha sido posible a través de la atención de miles de casos, promoviendo y protegiendo derechos, atendiendo delicados conflictos sociales, haciéndose presente allí donde más se le necesita, tanto en sus modestas oficinas distribuidas en todas las regiones como a través de sus equipos itinerantes cuando se trata de llegar a las zonas más alejadas y de difícil acceso.Al mismo tiempo, sistematizando su experiencia, la Defensoría ha elaborado cientos de informes que permiten entender la complejidad de los problemas que afectan la calidad de vida de los peruanos, particularmente la de los más humildes, formulando a partir de ello recomendaciones concretas a las diversas autoridades concernidas, en la perspectiva de brindar un adecuado procesamiento de tales problemas y encontrarles soluciones duraderas. Sus 18 informes anuales, presentados oportunamente ante el Congreso de la República, dan testimonio, desde el origen, del riguroso cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, predicando así con el ejemplo. Su actuación, en términos de prioridades y líneas de acción preferentes, ha variado en el tiempo. Así, ha respondido mejor a los retos de una realidad cambiante. Por ello, la atención a las víctimas de la violencia mediante programas especiales como los de comunidades nativas, familiares de personas desaparecidas, niñez abandonada o presos inocentes, entre otros, fue seguida por una firme e indeclinable defensa de la institucionalidad democrática, cuando el autoritarismo campeaba, atropellaba autonomías y castigaba la disidencia. Cuando tales circunstancias fueron superadas, centró sus esfuerzos en promover un Estado transparente y moderno, capaz de acabar con la ?cultura del secreto? e instalar en su racionalidad y formas de actuación, las denominadas prácticas de buen gobierno. Los contextos fueron evolucionando, pero la constante en esta institución ha sido navegar contra corriente. En efecto, aunque con variada...

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