Conflictos sociales y ambientales en el Perú.

AutorBedoya G., C
CargoTIERRA ADENTRO

[ILUSTRACIÓN OMITIR]

De un tiempo a esta parte, el tema de la conflictividad en nuestro país, por su importancia capital, se ha convertido en un particular objeto de conocimiento. Desde la antropología, la sociología, la ecología política, entre otras entradas, se ha venido explicando este fenómeno que es signo de nuestro tiempo. Aprovechar todo este conocimiento es clave y, sin embargo, muchas veces pareciera no tomarse en cuenta. Una idea vertebradora que buscamos desarrollar en esta nota tiene que ver con el valor que adquiere el diálogo como mecanismo y como objetivo para abordar este tema, para acercar a los grupos de interés y construir conjuntamente horizontes de entendimiento mutuo. Denigrar el diálogo, restarle valor o, en el plano de la acción, manipularlo, nos puede dejar inermes frente a la colisión abierta de intereses y la posibilidad de la imposición asimétrica. Permitir esto es abrir paso, consciente e inconscientemente, a la regresión y, por ende, a la violencia abierta. La apuesta por el diálogo genuino y la construcción de entendimientos mutuos debería constituirse en norte fundamental.

El gobierno del presidente García finalizó encarando varios frentes conflictivos simultáneos y, en general, durante toda su gestión el nivel de conflictividad social mantuvo una misma tendencia. El promedio de conflictos sociales activos durante el primer semestre del año, según registros de la Defensoría del Pueblo, fue de 155, de los cuales 57% se encontraron en procesos de diálogo y de estos, 56% surgieron luego de producirse hechos de violencia. La cifra de víctimas mortales en lo que va del año derivadas de estos conflictos llegó a 16, un número de estas responsabilidad del Estado por su respuesta reactiva y su incapacidad de gestión frente a la acción de movimientos sociales regionales y actos colectivos de protesta.

Entre los eventos más críticos del final del gobierno de García están el surgido en Huancavelica en torno a la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, donde las protestas violentas duraron casi un mes y el saldo trágico fue de varios heridos y cuatro ciudadanos muertos. El conflicto alrededor de la cancelación de concesiones mineras en Puno, y en particular por la oposición al proyecto minero Santa Ana. El saldo de estas protestas fue de varios ciudadanos heridos y cinco muertos. Otro frente conflictivo fue el abierto en Huancayo, donde los estudiantes demandaban el retiro de las principales autoridades de la Universidad Nacional del Centro. Otro escenario conflictivo severo que antecedió a estos surgió en la zona de influencia del proyecto minero Tía María, en Arequipa, en donde la población se levantó contra lo que consideraba eran los principales impactos ambientales que esa actividad podía traer a la zona, como la afectación...

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