Un conflicto muy peligroso

Por Hugo Guerra. PeriodistaEl enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional (TC) ha llegado a un punto peligroso a propósito del Caso Canchaya.En el 2007, la prensa denunció que la entonces representante de Unidad Nacional contrató a su empleada doméstica, Jacqueline Simón, como asesora de su despacho para quedarse con el sueldo. El Congreso declaró que había lugar para la formación de causa por los delitos de estafa y falsedad genérica, nombramiento y aceptación ilegal para cargo público, y puso el expediente a disposición del Ministerio Público y de la Vocalía Suprema de Instrucción. El fiscal supremo adjunto (Rodríguez Monteza) formuló acusación sustancial solo por los dos últimos delitos. La Sala Penal Permanente terminó sentenciando a Canchaya por apenas nombramiento ilegal y a 120 días-multa, de acuerdo al artículo 381 del Código Penal, por lo que le correspondería el plazo de prescripción de dos años. La cuestión es clave: como Canchaya tuvo la prerrogativa del antejuicio político, el debate jurisdiccional se centró en computar, o no, los 44 días de dicho proceso. La sala declaró infundada la excepción de prescripción, pero el TC encontró que no está suficientemente fundamentada esa decisión, pues conforme al artículo 82 del Código Penal debe indicarse desde cuándo empieza a computarse el plazo y cómo transcurre para que se llegue a la conclusión que no ha prescrito. Por tanto, ha anulado la sentencia. En apariencia, eso favorecería la impunidad. Sin embargo, el TC no ha señalado que Canchaya sea inocente ya que no ha podido revisar los anteriores delitos que debían ser materia de explicación; y, más bien, está exigiendo que el PJ corrija un fallo que sí soslaya los ilícitos en los que incurrió.Frente a esto la Corte Suprema en comunicado público afirma que el TC, ?durante los últimos años y en forma sistemática y a veces...

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