192 003-2002-COFOPRI/TAP - Confirman resolución que dispuso suspensión de procedimiento administrativo sobre mejor derecho de posesión de predio ubicado en la provincia de Lima

Texto Original (Diario Oficial El Peruano)

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Fecha de disposición	19 Enero 2002
Fecha de publicación	19 Enero 2002

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NORMAS LEGALES

Lima, sábado 19 de enero de 2002

de la Ley de Adjudicación de Lotes de Propiedad del Esta-

do ocupados por Mercados a cargo de la COFOPRI, es

decir que la COFOPRI es competente para la formaliza-

ción de los terrenos ocupados por los mercados tanto en

áreas cuya titularidad corresponda al Estado como los lo-

tes constituidos por aportes reglamentarios.

24. Que, asimismo la municipalidad mencionada refie-

re que el Mercado Israelita no cumple con los requisitos

exigidos por la normativa vigente puesto que no cuentan

con una constancia de posesión, ni con una licencia de

funcionamiento, ya que éstas fueron adulteradas; razón por

la que dicha Autoridad Edil ha presentado ante la Fiscalía

Provincial Penal del Modulo Básico de Justicia de San Juan

de Lurigancho, una denuncia penal por el delito contra la

Fe Pública - Falsificación de Documentos.

25. Que, de conformidad con el Artículo 23º del Regla-

mento de la Ley de Adjudicación de Lotes de Propiedad

del Estado ocupados por Mercados a cargo de la COFO-

PRI6, se establece que los conductores del mercado ade-

más de presentar una serie de documentos señalados en

este artículo deberán presentar la copia de su Licencia de

Funcionamiento. Es decir que, dicha sentencia constituye

un requisito esencial para que los conductores del merca-

do puedan acogerse al procedimiento de adjudicación.

25. Que, al respecto, el Artículo 13º de la Ley Orgánica

del Poder Judicial, según su Texto Único Ordenado7, dis-

pone que cuando en un procedimiento administrativo surja

una cuestión contenciosa que requiere de un pronuncia-

miento previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto

que se tramita ante la administración pública, se suspende

aquél por la autoridad que lo conoce, a fin de que el Poder

Judicial declare el derecho que defina el litigio.

26. Que, además, el Artículo 11º de la Ley de Normas

Generales de Procedimientos Administrativos, según su

Texto Único Ordenado, establece que el órgano adminis-

trativo se abstendrá de seguir conociendo un proceso y lo

remitirá al Poder Judicial, cuando se suscite una “cuestión

litigiosa” entre dos particulares sobre determinadas rela-

ciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas

antes del pronunciamiento administrativo.

27. Que, según reiterada jurisprudencia administrativa

de este Tribunal, la sola verificación de un proceso judicial

en trámite no implica la suspensión automática del proce-

dimiento administrativo, sino que ésta sólo operará en la

medida que lo resuelto en sede judicial sea necesario para

que la administración determine el cumplimiento de los pre-

supuestos y requisitos establecidos en la normativa vigen-

te y siendo en el presente caso necesario verificar la exis-

tencia y validez de la licencia de funcionamiento del mer-

cado resulta procedente suspender la tramitación del pre-

sente procedimiento.

28. Que, de otro lado, con relación a las oposiciones

presentadas tanto por los vecinos del Grupo Residencial

“T”, Barrio 1, Sector II de la urbanización Mariscal Cáce-

res, como por la Asociación de Propietarios de la Ciudade-

la Mariscal Cáceres, cabe precisar que ninguna de las

mencionadas ha acreditado contar con la respectiva per-

sonería jurídica.

29. Que, de acuerdo con lo establecido por el Artículo

21º de la Ley de Normas Generales de Procedimientos

Administrativos, según su Texto Único Ordenado, tendrán

capacidad procesal ante la administración pública, las per-

sonas que gozan de capacidad conforme a las leyes. Sien-

do que en el caso de Personas Jurídicas, éstas pueden

intervenir a través de sus representantes, quienes actua-

rán premunidos de los respectivos poderes, según lo se-

ñala el Artículo 22º de la mencionada Ley.

30. Que, en tal sentido, las oposiciones presentadas

por los vecinos del Grupo Residencial “T”, Barrio 1, Sector

II de la urbanización Mariscal Cáceres y por la Asociación

de Propietarios de la Ciudadela Mariscal Cáceres, son im-

procedentes.

31. Que, de otro lado obra a fojas 1807, el escrito pre-

sentado por Alejandro Cárdenas Gutiérrez en representa-

ción de la Asociación de Comerciantes Agropecuarios de

Servicios Múltiples Israelitas del Perú (ASCAMIPE), median-

te el cual solicitan a esta instancia un interdicto de retener

de hecho y derecho por encontrarse en posesión por más

de 14 años de “el predio”. Al respecto es preciso señalar

que el Tribunal Administrativo de la Propiedad no es compe-

tente para resolver el citado pedido.

32. Que, asimismo en el escrito mencionado en el con-

siderando precedente, se manifiesta que los verdaderos

conductores del Mercado Israelita son ellos, puesto que

cuentan con una personería jurídica de una antigüedad

mayor a cinco años, esto es desde el 5 de marzo de 1992,

a diferencia de la reciente Asociación de Comerciantes del

Perú. No obstante, de lo expresado por el representante de

ASCAMIPE, es necesario indicar que, no procede emitir

pronunciamiento alguno respecto a este tema, por no co-

rresponder al estado del procedimiento.

De conformidad con las normas antes citadas, así como

por el Artículo 15º de la Ley de Promoción del Acceso a la

Propiedad Formal, según su Texto Único Ordenado; y,

Estando a lo acordado,

SE RESUELVE:

Primero.- DECLARAR NULA la Resolución de Geren-

cia de Titulación Nº 1224-2001-COFOPRI/GT del 4 de se-

tiembre de 2001.

Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTES las oposi-

ciones formuladas por los vecinos del Grupo Residencial

“T”, Barrio 1, Sector II de la urbanización Mariscal Cáceres

y por la Asociación de Propietarios de la Ciudadela Maris-

cal Cáceres.

Tercero.- SUSPENDER el presente procedimiento ad-

ministrativo, por los fundamentos expuestos en la presente

resolución.

Regístrese y comuníquese.

JOSE SECLÉN PERALTA