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El caso Congafónica

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Vincent

Por Enrique Pasquel. Editor Adjunto De Opinión

Yanacocha y Telefónica tienen algo en común: el gobierno les ha exigido cosas que ninguna ley pide para que continúen con sus operaciones. Estas empresas, naturalmente, han aceptado pasar por el aro porque de otra forma perderían sus negocios. Pero lo sucedido en ambos casos nos debería alertar acerca de una peligrosa tendencia inaugurada por la administración del señor Humala sobre qué le puede pedir el Estado a los inversionistas.

En el caso de Conga, Yanacocha cumplió todos los requisitos legales para que se le autorice a operar. El gobierno, no obstante, decidió pedirle aun más: que garantice 10.000 puestos de trabajo directos, que constituya un fondo social, que amplíe la capacidad de almacenamiento de los reservorios de agua, entre otras inversiones.

Con la renovación de las concesiones de Telefónica acaba de suceder algo parecido. La ley indica que la empresa tiene derecho a que se le renueve la concesión y que el Estado no está facultado a cobrar por ello (solo puede ajustar el tiempo de renovación en función a los incumplimientos del contrato que finaliza). Sin embargo, el gobierno le ha exigido a la empresa que entregue sin costo 1.162 accesos a Internet satelital para entidades públicas rurales, 11.000 accesos a Internet DSL para entidades públicas en zonas urbanas, enlaces para conectar centros de seguridad ciudadana en 327 distritos, una tarifa preferencial para un millón de celulares que serán asignados a beneficiarios de programas sociales o funcionarios públicos, entre otras cosas.

Quizá a alguien le parezca justo que a las empresas se les exija una contribución mayor que lo que actualmente pagan por impuestos. Bueno, si así...

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