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El caso de los 33 asesinatos

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Vincent

La designación por el presidente Pedro Castillo del general Vicente Álvarez como jefe de Estado Mayor de la PNP tiene implicancias que merecen un detenido análisis. Está imputado de liderar una organización ilícita de policías, que asesinó a 33 delincuentes. También es acusado de robo de gasolina, algo angelical comparado con lo primero. El cargo le otorga poder sobre la Diviac, cuyo jefe, el coronel Franco Moreno, descubrió al grupo criminal, actualmente procesado. Cuando el caso fue denunciado en el 2016 por el exministro del Interior Carlos Basombrío, se dejaron oír numerosas voces hostiles. Ahora existe una sentencia basada en pruebas. El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 35 años de prisión a un grupo de expolicías que el 27 de febrero del 2015, actuando al mando del entonces comandante Raúl Prado Ravines, asesinó a cuatro personas en un falso operativo en Piura. Durante el juicio, el fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas demostró que un infiltrado convenció a las víctimas para realizar un golpe fácil, brindándoles los datos indispensables. En esa certeza, ?asaltaron? una camioneta en la que creyeron viajaba un empresario con S/150.000. En realidad, había policías que abrieron fuego.Los ejecutores recibían beneficios institucionales, según un modelo en funcionamiento. El tribunal, ante la rotundidad de las pruebas, que incluyeron confesiones, les impuso las penas más elevadas. En esta oportunidad, el fiscal Rodas no acusó a Álvarez, respecto de quien presumía un rol directriz, porque tenía evidencias incontrastables para condenar a los autores materiales, no tanto a quien estaba más arriba. El ciudadano colombiano Henry Olguín, desde el interior de una vivienda, grabó el remate de un herido. Además, fue posible reconstruir toda la conspiración criminal dentro de la PNP.Esta fue una de las tres investigaciones que abrió el Ministerio Público por los homicidios del denominado Escuadrón de la Muerte. No figuran acumuladas porque actuó a lo largo de varios años y los casos están en distintas etapas procesales. Cuando sucedieron los crímenes de Piura, el grupo de policías ya había matado a 24 personas. El fiscal Rodas documentó tres muertes en Santa Anita, Lima, el 11 de junio del 2012, cuando incautos delincuentes atacaron un vehículo en el que creyeron viajaba un empresario narcotraficante con el dinero producto de una transacción, y del cual salieron sus victimarios disparándoles. El 6 de setiembre del mismo año, en el...

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