Cannabis medicinal: ¿Qué falta para que empiece a aplicarse la ley aprobada en el 2017?
La producción de los diversos tipos de hidrocarburos que se extrae a nivel nacional, como son los de petróleo, hidrocarburos líquidos de gas natural, que se venían recuperando desde mediados del presente año, tuvieron un freno en octubre último, al registrar un menor volumen producido en cada caso.
En la última encuesta de Ipsos-El Comercio, el 44% de los encuestados dijo saber qué es el cannabis medicinal. Y del porcentaje de personas conocedoras del tema, el 81% dijo estar de acuerdo con que se venda el producto medicinal en las farmacias a escala nacional. No obstante, para esto último todavía habría que esperar un poco más.
Han transcurrido cuatro meses desde que venció el plazo para que el Ejecutivo apruebe las disposiciones finales del reglamento de la Ley 30681, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis medicinal. Por las mencionadas disposiciones finales, la norma, que fue aprobada en noviembre del 2017 y cuyo reglamento fue publicado por el Gobierno el 23 de febrero de este año, aún no puede ser aplicada.
¿Qué falta? Para importar la medicina, el Ministerio del Interior debe aprobar un protocolo de seguridad, control y fiscalización; para producir e industrializar el cannabis, el Ministerio de Agricultura y Riego debe definir ciertos parámetros como la obtención de la semilla y la superficie máxima permitida para cultivar; y para que se comience a comercializar, el Ministerio de Salud debe crear registros de pacientes, así como de importadores, instituciones de investigación privadas y públicas y laboratorios.
Según el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, la publicación de lo que queda aún pendiente podría ver la luz en el primer trimestre del próximo año, dejando un clima incierto para el futuro de la norma, según especialistas consultados por este Diario.
EN ‘STAND BY’
Una fuente inversionista del sector, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a El Comercio que el retraso en afinar las disposiciones para que la norma empiece a regir está generando pérdidas para las empresas debidamente constituidas y con los permisos que el reglamento exige.
“Tener la estructura que se nos ha pedido en el reglamento publicado en febrero tiene un costo; y mientras más se aplaza esto, es dinero que estamos quemando”, comentó.
Felipe del Águila, asociado del estudio García Sayán, y Tony Salas, presidente de la consultora de agronegocios ACM, coincidieron en la necesidad de otorgar predictibilidad a las...
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