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Campo minado

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Vincent

El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el director ejecutivo de Pro Inversión, Milton Von Hesse, vienen promocionando en Asia una cartera de 26 proyectos de inversión público-privada por más de US$ 10.000 millones para ser ejecutados en el período 2012?2013. De ellos, los más importantes son la carretera longitudinal de la sierra y de la selva, por US$ 3.800 millones, y la línea 2 del metro de Lima, por US$ 3.000 millones.

El ministro se ha mostrado entusiasta: ?Es la primera vez que Pro Inversión tiene una cartera de inversiones tan importante para ser entregada en un período de dos años. Esto constituirá un ?shock? para la inversión privada en el país?. Pero lo primero que debería explicarnos es cómo se ejecutará una cartera de más de US$ 10.000 millones en el año y medio que queda hasta el final del 2013, si en los 11 meses de gobierno apenas se ha podido concretar la entrega de dos pequeños proyectos por un valor de US$ 56 millones a las empresas que los ejecutarán.

El principal obstáculo para la ejecución de este tipo de proyectos es, a menudo, el mismo Estado. El pasado lunes, por ejemplo, el diario ?Gestión? informó que Pro Inversión debió haber lanzado este primer semestre tres líneas de transmisión eléctrica por un monto total de US$ 800 millones, pero no ha podido hacerlo. Ocurre que una de las trabas que existe es que el tiempo que le demora al gobierno aprobar un estudio de impacto ambiental para una línea de transmisión es cuatro veces mayor que el plazo indicado por las normas.

A veces la demora en obtener los permisos estatales tiene que ver con la falta de capacidad técnica o ejecutiva de la burocracia. Pero, con frecuencia, también se explica por el exceso de ambiguas normas que encorsetan las decisiones de la administración pública. Estas, buscando evitar la corrupción y el mal gasto, terminan haciendo que los funcionarios prefieran, simplemente, no tomar decisiones. No se trata más que de una reacción natural frente a tantas reglas inciertas que amenazan con responsabilizarlos administrativa o penalmente por sus decisiones. Igual que quien se sabe en un campo minado, los funcionarios prefieren quedarse quietos; no vaya a ser que terminen dando un...

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