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Vincent

Carta del defensor del Pueblo

Señor Director:

Es grato saludarlo y compartir con usted la preocupación expresada en el editorial del 19 de febrero, en el sentido de que las afectaciones a los derechos fundamentales, en el contexto de los conflictos sociales, pueden ser cometidas, tanto por actores estatales como no estatales. Y que sus consecuencias deben ser investigadas hasta que las responsabilidades queden determinadas.

Al respecto, debo enfatizar que la Defensoría del Pueblo adhiere al principio de la universalidad de los derechos y a una protección que no haga distingos entre civiles y policías o entre empresarios y campesinos. Y si el reconocimiento de derechos es universal también lo es la persecución de los delitos que se cometan contra ellos.

En ese marco, cabe precisar que el Informe Defensorial 156, "Violencia en los conflictos sociales” dedica todo el segundo capítulo, "Dinámica de la violencia en los conflictos sociales en el Perú” (pp. 24-59) a examinar este fenómeno. Y, en las conclusiones 5 y 6, el informe señala: "La violencia reiterada refuerza comportamientos agresivos y la idea equivocada de que es un medio eficaz para el logro de los objetivos; desgasta la intermediación política; debilita la autoridad democrática y el sistema de reglas de derecho. Asimismo, confunde el uso de las libertades que la Constitución garantiza con la realización de actos ilegales”. Y se hace referencia explícita a la "presencia de actores radicales cuyo objetivo, más que luchar por la atención de las demandas sociales, es provocar situaciones de inestabilidad social y política”.

No hay, por consiguiente, omisión alguna en el análisis de las responsabilidades de los actores sociales, habiendo cumplido además con informar sobre ilícitos penales al Ministerio Público, institución responsable de su investigación.

Justamente, en los hechos a los que El Comercio hace referencia, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre las amenazas a periodistas en Celendín (se adjunta la Nota de Prensa 169/DP/OCII/2012); en el caso de Espinar, se condenó la violencia desde el primer momento. En Cañaris, fue la Defensoría del Pueblo la que detuvo una movilización hacia el campamento en diciembre pasado (se adjuntan notas de prensa respectivas).

Y sobre la minería...

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