Batalla a la tala ilegal
Con más de nueve millones de hectáreas, Ucayali es la segunda región con mayor extensión de bosques en el país. De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (Minam), también es la segunda región con más alta tasa de deforestación acumulada, llegando a cerca de 700,000 hectáreas, lo que evidencia la urgente necesidad de contar con una adecuada gestión y control de las actividades que afecten al bosque.
El lunes 4, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, llegó a Pucallpa para inaugurar la Unidad de Monitoreo Satelital de la Deforestación y Tala Ilegal en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, para hacer frente a esta problemática. Sánchez Velarde resaltó la importancia del trabajo coordinado entre diversas instituciones para contrarrestar este flagelo.
Ahora, a partir de una sólida plataforma tecnológica será posible realizar el monitoreo constante y preciso del avance de la deforestación y el cambio de uso de suelo en Ucayali y tomar las acciones correctivas necesarias.
La FEMA de Ucayali desempeñará un papel esencial, pues será la principal entidad rectora en la prevención, control y sanción de los delitos ambientales en el departamento. Al respecto, la autoridad señaló que se evaluará un aumento en el número de fiscales ambientales en Ucayali.
¿Cómo funcionará?
Un ingeniero ambiental especializado en sistema de información georreferencial (SIG) de la Unidad de Monitoreo de la Tala Ilegal y la Deforestación revisará diariamente la información satelital y los datos sobre alertas de detección de cambio de uso de suelo que maneja el PNCB. Estos datos serán cruzados con la información sobre catastro forestal –concesiones y títulos, entre otros– que maneja Serfor y en caso de que se reconozca la existencia de una presunta actividad ilegal se preparará un reporte para que la FEMA, proceda con las investigaciones de oficio o se tomen las medidas preventivas o sancionadoras requeridas.
Ahorro de esfuerzos
Pero eso no es todo: el reporte brindado por la unidad de monitoreo significa un ahorro de tiempo y esfuerzos de solicitud de información a todas las entidades que actúan en la gestión de los bosques –léase Osinfor, Serfor, gobierno regional, Sernanp y otras– para que el fiscal actúe rápidamente ante el presunto delito. Hay que considerar que este es un proyecto piloto y se irán ajustando acciones para mejorar las intervenciones de la Fiscalía y para medir su capacidad de respuesta en el resto del país.
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