Anuncios que deben ser contextualizados

Se ha cumplido, exitosamente, el proceso de transmisión de mando. El presidente Ollanta Humala asumió el gobierno del país en un clima de gran expectativa y con varios anuncios importantes en concordancia con algunas promesas de campaña, dentro del urgente objetivo de crecimiento económico con inclusión social.

Sin embargo, el mensaje estuvo también salpicado de preocupantes evocaciones simbólicas del plan inicial de corte estatista (?La gran transformación?), que deben ser despejadas en los próximos días cuando el jefe del Gabinete, Salomón Lerner Ghitis, presente al Congreso su plan general de gobierno. En política las formas importan, por lo que, a pesar de que los vicepresidentes Omar Chehade y Marisol Espinoza han aclarado que la mención a la Constitución de 1979 fue simbólica, se trata de un hecho provocador que podría acentuar la confrontación con otras fuerzas políticas, justo cuando se llama a la concertación nacional. A propósito de ello, es necesario explicar qué se entiende por nuevo contrato social y qué cambios implicaría.

En anuncios, no sorprende el lanzamiento de Pensión 65 y Cuna Más, casi lemas de campaña, pero se espera definiciones del universo por cubrir y del financiamiento. El tema de la masificación del gas natural y del gas licuado del petróleo resulta también positivo, siempre que se debata sobre bases realistas y sin forzar los mecanismos de mercado. Y, el aumento del salario mínimo en dos bandas y la revisión de las remuneraciones de los militares y policías son asuntos que merecen un análisis costo-beneficio dentro del gran marco de la reforma del Estado, en el que la relación con los gobiernos regionales y alcaldías es vital. Luego, es urgente que se publique el mapa de pobreza y la ubicación de los 800 distritos más pobres del país, requisito básico para el planeamiento de una estrategia integral y eficaz de inclusión social, que vaya más allá del simple asistencialismo.

El presidente Humala, lo que es positivo, ha reiterado su promesa de respetar las inversiones y los contratos del Estado, que se anclan en el ordenamiento constitucional vigente, con lo que pueda asegurarse tanto el sostenido crecimiento económico cuanto el l mayor empleo, la demanda interna y los programas sociales. La redistribución solo es posible con un engranaje político y económico estable y predictible. En ese contexto el énfasis en el impuesto a las sobreganancias mineras debe darse dentro de un clima de...

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