La anticorrupción y la OCDE

Por Profesor de la Universidad Antonio Ruiz de MontoyaEl Perú se ha planteado un objetivo exigente de cara al bicentenario: ingresar al grupo de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cumplir con este propósito requiere de un esfuerzo enorme y coordinado de todas las autoridades para reducir las brechas de desigualdad y acercarnos a los estándares que exige esta organización en calidad y cobertura de servicios básicos, fortalecimiento de la institucionalidad y en la adopción de medidas de integridad y lucha contra la corrupción. Con miras a alcanzar este último objetivo, el pasado 28 de febrero el jefe adjunto de integridad en el sector público de la OCDE, Julio Bacio, entregó al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, y al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, el ?Estudio de la OCDE sobre integridad en el Perú?. El informe recomienda promover un sistema de integridad coordinado, fortalecer la ética pública y la gestión de conflictos de intereses, establecer un lobby íntegro y transparente, implementar un sistema efectivo de protección para denunciantes de corrupción y garantizar un mejor control interno y una gestión de riesgos. Además, dos temas centrales que plantea el estudio son el combate al financiamiento ilícito de la política y el fortalecimiento del sistema de justicia penal anticorrupción. En suma, la OCDE nos ha sugerido un conjunto de medidas preventivas, de control, de sanción penal y de reformas políticas que permitan al país estar en mejores condiciones para alcanzar sus estándares de integridad.El estudio coincide en lo sustantivo con las propuestas formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad, que me tocó dirigir hasta diciembre pasado. Lo que corresponde ahora es evaluar los avances y poner énfasis en las tareas pendientes. Avances existen. El informe de la OCDE destaca la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) en el 2010 como una instancia de coordinación al más alto nivel. También la reciente ley de protección al denunciante y la creación del sistema especializado anticorrupción, medidas que tendrán un impacto importante si se les asigna el presupuesto necesario y se implementa una adecuada protección a los denunciantes. En cuanto a lo pendiente, es necesario avanzar en promover un sistema de integridad en la administración pública que prevenga la corrupción. Para ello se debe fortalecer a la CAN mejorando su composición...

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