(Anti) corrupción empresarial

Por CARLOS MELÉNDEZ. PolitólogoEs un mérito que muchas empresas incorporen a su concepción de responsabilidad social la lucha contra la corrupción. Surge una vocación, desde las gerencias generales, de impulsar medidas para desterrar prácticas empresariales vinculadas a cohechos u otros tipos de captaciones monetarias ilegales.Es un demérito que muchas empresas sobornen a autoridades locales, contemplen dentro de sus libros contables el pago de cuotas dirigidas a alcaldes, concejales, consejeros, y que provean a su político favorito de fondos para el clientelismo fácil a cambio tratamientos privilegiados, en muchos casos ilícitos.Para que las buenas intenciones del primer párrafo disuelvan las malas prácticas del segundo, se requiere un enfoque más cercano a la ?realpolitik? de un país sin partidos que a la receta del gurú internacional. El sector privado, en contextos de débil presencia estatal, altera gravemente la dinámica política en los espacios locales. Su impacto se agrava cuando los actores predominantes en el ámbito local son gestores políticos de movimientos independientes o regionales reunidos por intereses particulares antes que por una plataforma programática o siquiera una identidad personalista (el caudillo local ya no existe).Este tipo de ?político? no encuentra constreñimientos institucionales (control y balance a su poder) de exigencia a la transparencia de su gestión. Las oposiciones que enfrenta son normalmente más de lo mismo, es decir, emprendimientos electorales similares. La sociedad civil carece de organización suficiente para presionar y el Estado de derecho es burlado sistemáticamente. Bajo esas condiciones se incrementan las oportunidades para la expansión de la corrupción y, sobre todo, para su impunidad.En esos contextos, las inversiones privadas...

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