Una amazonía (des)conectada

Entre los años 2007 y 2018, la intervención de los tres nivels de gobierno (nacional, regional y local) en aumentar el "stock" de capital físico -vale decir, infraestructura- en los seis departamentos que forman el 100% de la Amazonía peruana (Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios), acumula una cifra impresionante: S/. 35 mil millones.

Estas inversiones no solo sirven para contruir infraestructura y generar valor público, que a su vez se transforma en una mejora de la satisfacción social, sino que promueven el crecimiento e incentivan la complementaria inversión privada.

Lo ideal sería que el servicio y los bienes públicos constituidos (entendido por su oportunidad, calidad y universalidad) beneficien a las poblaciones -cualquiera sea sea el lugar donde se encuentren- ya sea para aquellos grupos humanos localizados en las zonas urbanas de mayor dinamismo o para aquellos asentados en zonas de frontera, ruralidad y comunidades nativas.

Sin embargo, este esfuerzo público para levantar infraestructura no encuentra por ahora satisfacción social, no se conecta con la gente; su beneficio neutro.

Diseñar y construir centros educativos de acuerdo a los aptrones o estándares nacionales, sin provisión de agua clorada, desagüe, enería eléctrica, telecomunicaciones...

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