Clarinazos de alerta

Es una señal de alarma, en el país que sea, cuando el órgano que representa a sus jueces sale a pedir a un gobierno que cese las presiones ?directas e indirectas? contra la judicatura, evite el ?agravio personal o familiar? y respete la división de poderes. Si esa señal, por otra parte, se produce a la mitad de un proceso judicial por el que un grupo de medios de prensa se enfrenta a este gobierno, el asunto se agrava. Pero si ese mismo gobierno ya ha usado para perseguir al grupo, alternativamente, a la autoridad tributaria, al parlamento, a las licencias de transmisión de los partidos de la federación nacional de fútbol e incluso a una investigación penal sobre el proceso por el que su dueña adoptó a sus hijos décadas atrás, podemos estar seguros de que algo se pudre en Dinamarca. O, mejor dicho, en Argentina.

En efecto, en los últimos días la Comisión de Independencia Judicial ?integrada por la mayoría de jueces federales de la República Argentina? salió a hacer la citada declaración, horas antes de que un juzgado decidiese prorrogar una medida cautelar que impide al Gobierno aplicar al Grupo Clarín (el conglomerado de prensa más grande del país y dueño del principal diario del mismo) una ley de medios que lo obligaría a desprenderse de muchos de sus canales audiovisuales. La medida cautelar obligaba al Gobierno a esperar a que se resuelva la impugnación judicial interpuesta por Clarín contra dos artículos de esta ley que serían inconstitucionales.

No se sabe bien cuáles eran las presiones ?directas e indirectas? que estaban recibiendo los jueces y sus familias, pero sí se sabe que no han debido ser ligeras: un pronunciamiento como el ocurrido es extremadamente inusual en un poder judicial como el argentino. Se sabe también, por otro lado, que en octubre de este año uno de los magistrados a cargo de la demanda de inconstitucionalidad renunció a su puesto por presiones del Gobierno, denunciando haber sido sometido a ?violencia moral? y afectado en su tranquilidad ?personal y familiar?. Conceptos que podrían explicar que ayer mismo, luego de la reacción del Gobierno ante la prórroga judicial de la medida cautelar (incluyendo un ataque televisivo de la presidenta a la judicatura), un juzgado de primera instancia se haya apresurado en dictar una sentencia que se esperaba para dentro de varias semanas sobre la constitucionalidad de la ley, diciendo que es constitucional y dándole así la razón al Gobierno (Clarín anunció que apelará la...

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