Acuerdo de Escazú: ¿por qué cinco gremios empresariales se oponen al tratado?
El acuerdo de Escazú es un tratado regional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en países de América Latina y El Caribe. Este documento que toma el nombre de la ciudad de costarricense donde se firmó, fue impulsado por la ONU y aprobado en el 2018 por 22 países, incluido el Perú, bajo la gestión de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz.
Ahora, se busca su ratificación y hasta el momento son nueve los países que han accedido (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay). Nuestro país se encuentra en proceso de análisis y el documento está siendo revisado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, para luego pasar al Pleno.
Esta ratificación ha despertado opiniones encontradas. Los gremios se pronunciaron a través de un comunicado firmado entre otros por Confiep, SNI, ADEX, CCL y Perucámaras, en el que expresan su preocupación por la posible firma de este acuerdo.
"Como sector empresarial, somos conscientes que el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Las actividades humanas en general deben tener un componente de mitigación al impacto ambiental. Eso lo destacamos y lo promovemos", señaló Carlos Durand, presidente de Perúcamaras.
Bajo esa óptica y consciente que se debe promover la economía circular, y todas las acciones que contribuyan a reducir la emisión de gases y prevenir el calentamiento global, Durand expresa su preocupación por el Acuerdo de Escazú.
El titular de Perucámaras manifestó que este tratado puede atentar contra la soberanía del país al tener que llevar discusiones que se deben resolver en el ámbito local, a instancias internacionales.
"Nos preocupa no defender o solucionar los temas internos primero en las instancias nacionales. Y suscribir un acuerdo que nos pone y nos expone a perder esa soberanía. Eso conlleva cierta inestabilidad jurídica en el país", expresó Durand.
Añadió que al no haber "un principio de predictibilidad, concreto, taxativo, evidente, entonces eso sí puede afectar las inversiones, y como consecuencia el desarrollo económico del país. Sobre todo un país que tiene mucho que aportar en su desarrollo económico a través de un uso responsable de sus recursos naturales".
Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en contraparte, opinó que este tratado lo que...
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