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Durante el actual gobierno se iniciaron 57 conflictos

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Vincent

Por Consejo Privado de Competitividad

Existe amplio consenso en la literatura económica respecto a los factores multidimensionales que determinan el proceso de conflictividad social. La falta de solidez de las instituciones, la eficiencia en la gestión de las políticas públicas, la sostenibilidad financiera, ?shock? externos, entre otros, suelen ser las variables explicativas más recurrentes. Asimismo, una mayor presencia de conflictos trae consecuencias importantes sobre la competitividad de un país, limitando la mejora de bienestar de sus ciudadanos. Estimaciones recientes para una muestra amplia de países encuentran que la mayor conflictividad puede traer pérdidas en el PBI per cápita de entre 0,5% y 1%. En el Perú, el Banco Central de Reserva (BCR) recientemente estimó el impacto de la conflictividad en la actividad minera y encontró una pérdida de 0,2% en el PBI total solo para el 2021. Observando con preocupación el actual escenario de agudización de conflictividad en el país, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y El Comercio consideran relevante visibilizar esta problemática.Desde febrero del 2017 (212 conflictos), la Defensoría del Pueblo no publicaba un número de conflictos sociales tan numeroso como el registrado en mayo (205) y junio (207).?Los últimos 12 meses?Durante el gobierno del presidente Pedro Castillo, se incorporaron 57 nuevos conflictos sociales, lo que representa un incremento de 19% respecto al período julio 2020-junio 2021. Estas nuevas problemáticas tienen básicamente la misma estructura que el stock actual en cuanto a tipología (socioambiental, 58%) y competencia (Gobierno Nacional, 67%). Asimismo, de los 34 conflictos relacionados a actividades económicas, la minería representa el 76%, seguida por el sector hidrocarburos con un 12%.David Tuesta, presidente ejecutivo del CPC, resaltó que en este gobierno se ha exacerbado la poca eficiencia del Estado colocando a personal que desconoce de las situaciones de conflictividad social en el país.Planteó, además, aplicar un esquema similar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que realice proyectos integrales con el canon no ejecutado por los gobiernos subnacionales y desarrolle entes destinados a la capacitación sobre gestión de conflictos en el ámbito regional.En esa línea, Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, recordó que en el último año algunas unidades mineras, como Las Bambas, suspendieron...

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