DECRETO SUPREMO, N° 005-2019-PCM, PODER EJECUTIVO, PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - Declaran el año 2019 como el 'Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad'-DECRETO SUPREMO-N° 005-2019-PCM

Fecha de disposición10 Enero 2019
Fecha de publicación10 Enero 2019
MateriaDerecho Procesal

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 39 de la Constitución Política del Perú establece que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación;

Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción, tratado suscrito por el Estado peruano, señala en su Preámbulo que: “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”;

Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nº 0017-2011-PI/TC sostiene que nuestro sistema jurídico consagra como un bien jurídico relevante la proscripción de la corrupción, la cual es consistente además con los principios de orden democrático y de soberanía política;

Que, por su parte, la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para los servidores públicos de las entidades de la Administración Pública, estableciendo el deber de la probidad, el cual implica actuar con rectitud, honradez y honestidad en aras de satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona;

Que, el Acuerdo Nacional establece en su Política 26 la promoción de la ética y la transparencia y erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, la cual tiene por objeto, entre otros, desterrar la impunidad, el abuso de poder, la corrupción y el atropello de los derechos;

Que, la lucha contra la corrupción constituye una política de Estado de la mayor importancia, pues propende a la garantía de la ética pública y al respeto indiscriminado del Estado de Derecho, además de ser una precondición del desarrollo social, económico y político del país;

Que, resulta fundamental contar con servidores íntegros, capacitados y comprometidos con la función pública. Para ello el Estado debe no solo erradicar cualquier práctica irregular o poco transparente a...

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