Resolución nº 1939-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 16 de Septiembre de 2016
| Fecha de Resolución | 16 de Septiembre de 2016 |
| Emisor | Comisión de Protección al Consumidor |
| Número de expediente | 742-2016/CC1 |
Lima, 16 de setiembre de 2016
ANTECEDENTES
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El 13 de julio de 2016, Los Olivos denunció al Banco por presunta infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), señalando lo siguiente:
(i) El 17 de julio de 2014, tomó conocimiento que se habían cobrado tres (3) cheques por el monto total de S/ 15 800,00 de su Cuenta Corriente N° 191-*******-023, los cuales no reconoce, puesto que estos habían sido sustraídos.
(ii) El 7 de agosto de 2014, en respuesta a un reclamo interpuesto, el Banco señaló que las operaciones se realizaron el mismo día, pero en tres (3) agencias distintas; asimismo, adjuntaron copia de los cheques cobrados los cuales contienen firmas falsas.
(iii) El 16 de setiembre de 2014, el Banco atendió el reclamo presentado señalando que el denunciante no realizó el bloqueo de los cheques, y que son responsables únicamente por el pago de cheques que registren una firma a simple vista falsificada. Ante dicha repuesta, se presentó un recurso de reconsideración, el cual no ha sido atendido a la fecha.
(iv) El 10 de octubre de 2014, solicitó al Banco que le entregue los originales de los cheques cobrados, sin embargo, dicha solicitud fue denegada. Asimismo, mediante carta de 30 de setiembre de 2014, el Banco señaló que el monto de los cobros realizados solo puede ser devuelto por orden superior y/o judicial.
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Mediante la Resolución N° 1 de 25 de julio de 2016, la Secretaría Técnica requirió a Los Olivos que, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles, cumpla con acreditar su condición de microempresa, presentando las declaraciones juradas del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) en el cual conste los ingresos netos mensuales del año 2015 y del año anterior en el que contrató la cuenta corriente en soles materia de denuncia. Asimismo, indique la finalidad de la adquisición del servicio materia de denuncia, así como la frecuencia con la que contrata el mismo.
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El 8 de agosto de 2016, Los Olivos presentó las declaraciones juradas mensuales del IGV y el IR (PDT-IGV-Renta mensual), correspondientes a los años 2014 y 2015.
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Asimismo, indicó que la finalidad de la adquisición del servicio contratado al Banco fue realizar operaciones correspondientes al rubro de transporte urbano de pasajeros; asimismo, para efectuar el pago a sus acreedores.
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Mediante Resolución 1838-2016/CC1 del 7 de setiembre de 2016, la Comisión declaró la confidencialidad de las copias de cada una de las declaraciones juradas mensuales del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) correspondientes a los años 2014 y 2015, presentadas por Los Olivos.
ANÁLISIS
Marco jurídico aplicable a la noción de consumidor final
(i) Sobre la noción de consumidor
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El numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código refiere a aquellos que pueden ser considerados como consumidores o usuarios y, por ende, que pueden acceder al nivel de protección especial que brinda la normativa de protección al consumidor1.
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La norma señalada establece que son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, usan o disfrutan un producto o servicio en beneficio propio o de su entorno familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a la actividad empresarial. Asimismo, se incluye en la misma categoría a los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos bienes que no formen parte del giro propio de su negocio.
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De acuerdo al esquema que el legislador peruano ha previsto a partir del Código, la Comisión considera que, a efectos de evaluar la calidad de consumidor de la parte denunciante, deberá seguirse el siguiente diagrama:
[1] 1 LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010
TÍTULO PRELIMINAR Artículo IV.- Definiciones
Para los efectos del presente Código, se entiende por:
1. Consumidores o usuarios1.1 Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No se considera consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor.
1.2 Los microempresarios que evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.
1.3 En caso de duda sobre el destino final de determinado producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta.
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En atención a ello, existe un filtro general que la presente instancia debe evaluar para determinar si la parte accionante posee la calidad de consumidor. Este filtro consiste en analizar si la adquisición, uso o disfrute que la parte denunciante realiza sobre el producto o servicio materia de controversia está vinculado a un fin personal, familiar o de su entorno social inmediato, en cuyo caso la persona natural o jurídica califica como consumidor final. Cabe precisar que en este filtro es irrelevante si la persona natural o jurídica posee calidad de microempresa, pequeña, mediana o gran empresa.
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En principio, la normativa señala que, ante la denuncia de una persona natural o jurídica que adquiere, usa o disfruta un producto o servicio para fines distintos a los personales, familiares o de entorno social inmediato, la Comisión no podría considerar a dicha accionante como consumidora; sin embargo, el propio Código establece un supuesto de excepción para las microempresas que se encuentren en una situación de asimetría informativa respecto de los productos que no son imprescindibles para su proceso productivo.
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En el caso de las microempresas (filtro especial), el análisis de procedencia se sujetará a los siguientes parámetros:
(i) Para determinar si se está ante una microempresa, la Comisión determinará si la parte denunciante encaja en la noción de microempresario prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE (en adelante,
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Ley Mype)2, esto es, si no posee ventas anuales que superen las 150 UIT. Caso contrario, de superarse este monto, la denuncia será declarada improcedente.
(ii) En el supuesto que se haya acreditado el carácter de microempresario, deberá analizarse si el producto o servicio denunciado está relacionado con el giro del negocio3, como un elemento imprescindible para el proceso productivo que realiza la unidad productiva. En este punto, si se comprueba que el bien materia de cuestionamiento forma parte esencial del proceso productivo, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
(iii) Finalmente, para el caso de las microempresas cuyo producto o servicio no está relacionado con el giro propio del negocio como un elemento imprescindible del proceso productivo, deberá analizarse si respecto de dicho bien la persona natural o jurídica se encuentra en situación de asimetría informativa4.
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De verificarse la existencia de la asimetría informativa en el caso concreto, la parte denunciante encajará en la noción de consumidor. Por el contrario, si se acredita que el microempresario no se encuentra en una situación de asimetría informativa respecto del producto o servicio controvertido, la denuncia deberá ser declarada improcedente.
(ii) Sobre la noción de microempresario
● De la condición de microempresario en la legislación nacional
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El Código, en forma excepcional, permite el acceso a la tutela administrativa de los microempresarios que “evidencien una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios que no formen parte del giro propio del negocio”; sin embargo, no estableció el modo de acreditar la condición de microempresario ante la autoridad administrativa, por lo que resulta importante establecer la modalidad de determinar dicha condición.
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La inclusión de los microempresarios tiene como sustento principal su particular posición en el mercado, en la medida que el legislador consideró que no cuentan con recursos
[2] 2 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE IMPULSO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y AL CRECIMIENTO
EMPRESARIAL, aprobado por DECRETO SUPREMO 013-2013-PRODUCE y publicado el 28 de diciembre de 2013 Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas
Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:
Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo...
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