Resolución nº 1762-2016/CC1 de Comisión de Protección al Consumidor, de 26 de Agosto de 2016
| Fecha de Resolución | 26 de Agosto de 2016 |
| Emisor | Comisión de Protección al Consumidor |
| Número de expediente | 349-2016/CC1 |
Lima, 26 de agosto de 2016
ANTECEDENTES
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El 28 de marzo de 2016, el señor Escobar denunció al Banco por presunta infracción de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)2, señalando lo siguiente:
(i) El 25 de febrero de 2016, envió una carta de requerimiento de información3 al
Banco respecto a su Tarjeta Visa N° 4745-XXXX-XXXX-0595, la cual fue respondida el 3 de marzo de 2016.
(ii) De la respuesta del Banco, se percató de que dicha institución no atendió de manera clara y precisa su requerimiento de información respecto al ítem referido a la Tasa de Costo Efectivo Anual (en adelante, TCEA) para la compra de deuda, disposición en efectivo y compra en cuotas.
(iii) Asimismo, El Banco no cumplió con informar la TCEA para cada operación en sus estados de cuenta, tarifarios y hoja resumen.
[1] 1 Con Ruc N° 20100043140.
2 Publicada el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano y vigente desde el 2 de octubre del 2010.[3] 3 Cabe precisar que el señor Escobar solicitó la siguiente información:
“(…)
a) Dentro de las tarjetas existen créditos, compra de deudas y/o líneas paralelas para ser pagados bajo el sistema de cuotas? Favor precisar datos.b) Precisar todas las tasas de interés aplicados, todas las tasas de costo efectivo anual, es decir, por cada tipo de operación; comisiones, el interés moratorio.
c) Copia de la Hoja Resumen del Crédito.
d) Historial de los pagos efectuados.
e) Indicar el saldo adeudado a la fecha. Su sustento y detalle.
f) Indicar que Sistema de Amortización aplican a mi crédito?
(existen el sistema de amortización de francés, el alemán, el americano, etc.)g) Indicar los seguros contratados. Sus principales coberturas.
h) Facilitar copia de los Estados de Cuenta de los últimos 6 meses.
i) Indicar el número, fecha e importe de cada uno de los pagos mínimos efectuados.
j) Indicar en una sola cifra el total de los pagos mínimos realizados.
k) Facilitar copia del tarifario ACTUAL y Hoja Resumen actual.
l) Del último año, indicar en una sola cifra a cuánto asciende el total”. (Sic.)(iv) Finalmente, el Banco, a través de su representante de cobranzas, la empresa Servicios, Cobranzas e Inversiones, le envió cartas de cobranza abiertas con contenido amenazante, causando preocupación en sus familiares.
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La señora Escobar solicitó que se ordene al Banco lo siguiente:
(i) Brindar facilidades de pago.
(ii) Abstenerse de continuar empleando métodos de cobranza abusivos.
(iii) Las medidas correctivas que el caso amerite.
(iv) El pago de las de costas y costos del procedimiento.
(v) Audiencia de conciliación. -
Mediante Resolución Nº 1 del 9 de junio de 2016, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia, bajo los siguientes términos:
“(...)
(i) Por presunta infracción de los artículos 1° numeral 1.1 literal b) y 2° numerales 2.1, 2.2 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que Scotiabank Perú S.A.A. no habría atendido de manera clara y precisa el requerimiento de información presentado por el señor Escobar respecto al ítem referido a la TCEA por cada operación, esto es, para la compra de deuda, disposición de efectivo y compras en cuotas.
(ii) Por presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el Scotiabank Perú S.A.A. no cumpliría con informar la TCEA para cada operación en sus estados de cuenta, tarifarios y hoja resumen.
(iii) Por presunta infracción de los artículos 61° y 62° literal h) de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que Scotiabank Perú S.A.A., a través de su representante de cobranzas, la empresa Servicios y Cobranzas e Inversiones, habría empleado métodos de cobranza abusiva, al enviar cartas de cobranza abiertas y con contenido amenazante”.
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El 20 de julio de 2016, el Banco presentó sus descargos manifestando lo siguiente:
(i) La carta enviada al denunciante fue adecuada y cumplió con atender cada uno de los puntos solicitados por el señor Escobar, tal como la TCEA. El señor Escobar no explicó ni acreditó que la respuesta hubiera sido imprecisa.
(ii) No existe obligación legal de presentar la TCEA en los estados de cuenta.
(iii) Cumplió con indicar en la hoja resumen cuál era la TCEA aplicable.
(iv) El señor Escobar no acreditó que se haya enviado comunicaciones abiertas a su domicilio.
ANÁLISIS
Sobre la solicitud del señor Escobar de convocar a una audiencia de conciliación
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El artículo 29° del Decreto Legislativo 807°, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, señala que en cualquier estado del procedimiento el Secretario Técnico cuenta con la potestad de citar a las partes a una audiencia de conciliación a fin de llegar a un acuerdo respecto a los hechos que son materia de denuncia4.
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El artículo 147° del Código permite que una audiencia de conciliación se lleve a cabo antes o durante la tramitación del procedimiento administrativo.
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Así, se observa que la citación a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la Secretaría Técnica, mas no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor.
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Cabe agregar que no resulta necesario que el acuerdo conciliatorio se lleve a cabo en las instalaciones del Indecopi, pues las partes pueden arribar a un acuerdo de esta naturaleza fuera del procedimiento administrativo iniciado ante la Secretaría Técnica, siendo solo necesario poner en conocimiento dicha decisión ante la autoridad administrativa para que esta emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
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En atención a lo antes expuesto, esta Comisión considera que no es necesario realizar una audiencia de conciliación en virtud al pedido formulado por el señor Escobar, debiendo desestimarse el pedido del denunciante, procediéndose a continuación con el análisis de fondo de la controversia.
Sobre la competencia del Indecopi referida a la obligación de informar la TCEA a través del tarifario
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Respecto a este extremo, es importante señalar que el principio de legalidad contenido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, Ley N° 27444), establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. En atención a ello, la autoridad administrativa sólo tiene competencia para conocer aquellas materias que le hayan sido expresamente facultadas mediante norma de rango legal.
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En ese sentido, el Artículo 3º de la Ley Nº 27444, señala que cualquier acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado específicamente para dichos efectos, estableciendo así a la competencia como un requisito de validez ineludible que cualquier entidad debe analizar al momento de realizar sus actuaciones.5
[4] 4 LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, aprobado por DECRETO LEGISLATIVO
807 y publicado el 18 de abril de 1996.Artículo 29°.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.
[5] 5 LEY Nº 27444, LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicada el 2 de abril de 2001.
Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
1. Competencia.- Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los -
Por otro lado, el artículo 105° del Código, establece que el INDECOPI es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo6, conforme a su Ley de Organización y Funciones - Decreto Legislativo N° 1033. Asimismo, señala que dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.
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Asimismo, el artículo 27º del Decreto Legislativo N° 1033 establece que corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor (en adelante, la Comisión) velar por el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, y de las leyes que de manera general, protegen a los consumidores respecto de la falta de idoneidad de los productos y servicios en función de la información brindada por los consumidores7.
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El Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece en el numeral 4 del artículo 427º que el juez declarará improcedente la demanda cuando carezca de competencia8.
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Al respecto, la Sala9 ha considerado que la competencia cuestionada debe ser entendida de modo tal que sólo en aquellos casos en los que se asigne a un organismo distinto a la Comisión la facultad de resolver los reclamos presentados por los usuarios -en determinados supuestos, específicos y expresos- la Comisión no será competente
requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.(…)
[6] 6 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR,...
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