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Año uno

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Vincent

A un año de inaugurado el gobierno del presidente Humala, hay dos cosas que quienes temíamos que no cumpliese sus promesas de la segunda vuelta no le podemos negar. La primera: ha mantenido el modelo económico que solo en la última década ha reducido la pobreza a menos de la mitad, logrando que el año pasado 785.000 peruanos más dejaran de ser pobres. La segunda: ha respetado cabalmente, con alguna excepción aislada, la separación de poderes, la libertad de prensa y las demás reglas de la democracia, resistiendo incluso a las voces que pedían nuestro retiro de la CIDH. Considerando los antecedentes ?tanto ideológicos como fácticos? que tenía el entonces candidato Humala, todo esto no es poca cosa y, más allá de las inevitables especulaciones respecto de sus verdaderas creencias e intenciones, es algo que debe de reconocérsele.

Creemos, sin embargo, que más útil que permanecer en las felicitaciones es señalar lo que no anda bien y lo que puede amenazar todo lo que se ha venido logrando.

Lo anterior, especialmente teniendo en cuenta que son también muchísimos los flancos en los que el Gobierno ha demostrado improvisación, incoherencia e incluso torpeza sistemáticas, además de algunos inquietantes visos de tolerancia hacia prácticas poco santas. Creemos que los ejemplos que siguen, pese a la inevitable dosis de arbitrariedad de toda selección y de lo mucho de importancia que no cubren, son especialmente reveladores respecto de estos puntos, además de representar varias de las opiniones que más hemos repetido en el último año.

Conflictos sociales: cuando el delito pagaAcaso nada ha marcado más este primer año que el recrudecimiento de los conflictos sociales. Dos casos particularmente característicos fueron los de Madre de Dios y Conga.

Para noviembre del año pasado, los mineros ilegales de Madre de Dios habían destruido 18.000 hectáreas de bosques amazónicos. El Gobierno realizó entonces, con inusual decisión, una operación que auguraba buenos resultados y, destruyendo 110 dragas ilegales, en un solo mes acabó con el 30% de la minería ilegal en esa región. Luego vino una brutal explosión de violencia que duró más de una semana, en la que se quemó la sede del gobierno regional y 25 negocios particulares, entre otras cosas. Un gobierno incomprensiblemente sorprendido dio marcha atrás y envió una de nuestras ya tradicionales ?comisiones de alto nivel? a negociar la ley con los delincuentes. El resultado: se detuvo la erradicación de la minería...

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