reglamento cafae educación

Tratándose de incentivos laborales que provienen delabores extraordinarias, corresponde su otorgamiento en igual valor tanto alos que trabajan en la sede central del gobierno regional como en ladirección regional de educación; pues, seguir incidiendo en lo mismoconllevaría a continuar vulnerando el derecho a la igualdad en materialaboral

La asignación por cumplir 20 años de servicios prevista en el segundo párrafo del artículo 52º de la ley n° 24029, en el caso de la docente mujer deber ser otorgada en un monto equivalente a dos remuneraciones totales; excluyendo aquellos conceptos que la ley en forma expresa ha establecido que no son base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece la ley 25212, como es el...

El reconocimiento de los beneficios laboralesdevengados se encuentra directamente relacionado con lanaturaleza jurídica de la relación laboral que mantiene elservidor accionante con la entidad demandada

Tratándose de incentivos laborales que provienen delabores extraordinarias, corresponde su otorgamiento en igual valor tanto a losque trabajan en la sede central del gobierno regional como en la direcciónregional de salud de amazonas; pues, seguir incidiendo en lo mismoconllevaría a continuar quebrantando la igualdad que reconoce todo estadode derecho, y el carácter progresivo del derecho a la...

La distinción que, por concepto de cafae, percibe el demandante, en comparación a sus homólogos de la sede del gobierno regional de cajamarca, no se encuentra justificada de manera objetiva y razonable; por lo tanto, es evidente que se trata de un acto discriminatorio entre destinatarios que prestan servicios para el mismo pliego presupuestal.

El artículo 52° de la ley n° 24029 y el decreto de urgencia n° 105-2001 prevalecen sobre el decreto supremo n° 196-2001-ef, por lo tanto, corresponde al accionante percibir la bonificación personal sobre la base de la remuneración básica prevista en el decreto de urgencia n° 105-2001.

La constitución política del perú reconoce que la defensa y ladignidad de la persona son el fin supremo de la sociedad y el estado (artículo 1°) yque ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechosconstitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador (artículo 23°),por lo que el presupuesto institucional en el sector público no es un impedimentopara el goce de...

En el presente caso, si bien las leyes de presupuesto obedecen a una finalidadestatal de previsión presupuestal, sin embargo ellas no establecen los límites de lapropia finalidad presupuestal, esto es, no menciona hasta qué margen se puedeimponer esta prohibición o cuáles son las garantías para proteger al trabajador, nisiquiera concede un margen de concertación respecto a este límite con...

La constitución política del perú reconoce que la defensa yla dignidad de la persona son el fin supremo de la sociedad y el estado(artículo 1°) y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de losderechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador(artículo 23°), por lo que el presupuesto instituci onal en el sector público noes un impedimento para el goce de...

Por el principio de congruencia procesal, elcontenido de las resoluciones judiciales deben proferirse de acuerdo con elsentido y alcances de las peticiones postulados por las partes, a fin de queexista identidad entre lo resuelto por el juzgado y lo pretendido en lademanda; sin omitirse, alterarse o excederse estas peticiones (congruenciaexterna); y,

Si bien las leyes de presupuesto obedecen a unafinalidad estatal de previsión presupuestal, sin embargo ellas noestablecen los límites de la propia finalidad presupuestal, esto es, nomenciona hasta qué margen se puede imponer esta prohibición o cuálesson las garantías para proteger al trabajador, ni siquiera concede unmargen de concertación respecto a este límite con los trabajadores,causando con

Si bien las leyes de presupuesto obedecen a una finalidadestatal de previsión presupuestal, sin embargo ellas no establecen los límites de lapropia finalidad presupuestal, esto es, no menciona hasta qué margen se puedeimponer esta prohibición o cuáles son las garantías para proteger al trabajador, nisiquiera concede un margen de concertación respecto a este límite con lostrabajadores, causando...

El presupuesto institucional en el sector público no es impedimento parael goce de los derechos constitucionales fundamentales; así lo estableció eltribunal constitucional en el caso azanca meza4, en el cual señaló que, todapolítica pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen como finalidadprimordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a la dignidadde la persona,

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Si bien, la resolución directoral n.° 169-2008-gob. Reg. Piura-direpro-dr, de fecha 04 de setiembre de 2008, ha sido declarada nula de oficio, mediante la resolución gerencial regional n.° 093-2009/gob. Reg. Piura-grde, de fecha 08 de setiembre de 2009, también es que el mismo se ha efectuado, vencido el plazo prescriptorio que establece el artículo 202. 3° de la ley n.° 27444, por tanto,...

La distinción que, por concepto de cafae, percibe el demandante, en comparación a sus homólogos de la sede del gobierno regional de cajamarca, no se encuentra justificada de manera objetiva y razonable; por lo tanto, es evidente que se trata de un acto discriminatorio entre destinatarios que prestan servicios para el mismo pliego presupuestal.

La distinción que, por concepto de cafae, percibe la demandante, en comparación a sus homólogos de la sede del gobierno regional de cajamarca, no se encuentra justificada de manera objetiva y razonable; por lo tanto, es evidente que se trata de un acto discriminatorio entre destinatarios que prestan servicios para el mismo pliego presupuestal.

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De la revisión de los actuados, se aprecia que en cada una de estas directivas, se han señalado montos mensuales asignado a los trabajadores por racionamiento y movilidad que se ajustan a escalas, los mismos que corresponden ser analizados por las instancias, debiendo para ello, identificar a cada trabajador representado por el sindicato en la escala correspondiente.

El artículo 52° de la ley n° 24029 y el decreto de urgencia n° 105-2001 prevalecen sobre el decreto supremo n° 196-2001-ef, por lo tanto, corresponde a la accionante percibir la bonificación personal sobre la base de la remuneración básica prevista en el decreto de urgencia n° 105-2001

Declara infundado el recurso de apelación interpuesta por la procuraduría publica del gobierno regional de amazonas; en consecuencia, confirma la sentencia contenida en la resolución número siete de fecha once de julio de dos mil veintitrés, de folios 163 a 176, emitida por el juez del juzgado de trabajo transitorio de chachapoyas.

El presupuesto institucional en el sector público no es impedimentopara el goce de los derechos constitucionales fundamentales; así lo estableció eltribunal constitucional en el caso azanca meza3, en el cual señaló que, todapolítica pública nace de obligaciones objetivas concretas que tienen comofinalidad primordial el resguardo de derechos tomando como base el respeto a ladignidad de la persona,

La decisión adoptada por elmagistrado de primera instancia, se ajusta a lo aportado, mostrado y debatido en elproceso, de manera que dicho fallo cumple cabalmente con el principio del debidoproceso en su vertiente de la motivación de las resoluciones judiciales; por lo tanto,no se anota la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atentecontra las garantías procesales...

En otras palabras, podemos concluir que la resolución materia de alzada,cumple con todos los estándares de la normatividad, por ello no se havulnerado ni trasgredido ningún principio procesal, por lo que los mismosno enervan ninguno de los extremos de la recurrida, sino más bien seadvierte que la impugnada se ha expedido efectuando la evaluación de loshechos, pruebas y normatividad legal aplicable