errores in cogitando

El proceso de nulidad de acto jurídico no es el idóneo para establecer la calidad de intervinientes excluyentes al principal de la sociedad conyugal conformada por vicente edgardo ponce zegarra y elva maximiana escobedo pérez, por cuanto en el presente proceso se pretende la nulidad de la minuta y escritura pública de fecha treinta de diciembre de dos mil seis en la que consta la transferencia...

La sentencia de grado vulnera el artículo 139° incisos 3) y 5) de la constitución política del perú, y como tal afecta el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y al debido proceso, toda vez que contiene motivación incongruente, respecto de las pretensiones demandadas e impugnatorias.

Sumilla: no solo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela jurisdiccional efectiva. tal derecho se trata, por tanto, de un derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquél. en la doctrina, se ha señalado que este...

La sentencia recurrida se sustenta claramente en dos argumentos centrales: a) la calidad de bien social de las construcciones efectuadas en el bien sub litis con posterioridad al matrimonio contraído por la demandante y el vendedor demandado, las cuales han sido especificadas en el petitorio de la demanda; b) la existencia de los supuestos que determinan la configuración de la causal de...

La instancia superior de mérito no ha incurrido en deficiente motivación, por lo que, no lesiona evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional de la debida motivación y con ello el debido proceso legal, toda vez que se ha sustentado debidamente la aplicación de lo previsto en el decreto de urgencia n° 040-96.

Las instancias de mérito vulneran el principio de congruencia procesal al desestimar la demanda por improcedente, alterando las pretensiones formuladas por la parte demandante, por lo que tal incumplimiento infringe el deber de motivación de las resoluciones judiciales, y con ello, el debido proceso legal y la tutela jurisdiccional efectiva.

La sentencia de mérito vulnera el principio - derecho al debido proceso, en su vertiente de motivación de resoluciones judiciales, al no haber analizado debidamente los periodos de servicios, la modalidad de contratación y los cargos y funciones desempeñados, desde que en la demanda se pretende la reincorporación según la ley n.° 24041, alegando la desnaturalización de su contratación civil por...

La sentencia de vista ha infringido el principio constitucional de motivación de resoluciones judiciales y, como tal, el principio al debido proceso, que exige el artículo 139° incisos 3) y 5) de la constitución política del perú, si la sentencia no responde a la pretensión demandada, al mérito de lo actuado y al derecho.

Ante la existencia del vicio advertido en la sentencia superior de mérito, afectando la garantía y principio, no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las resoluciones judiciales a fin de evitar fallos contradictorios que atenten contra la seguridad jurídica

En el proceso la accionante ha acreditado que previo a la declaración de nulidad de oficio no fue notificada a fin de que ejerza su derecho de defensa.

Se vulnera el principio constitucional de motivación de resoluciones judiciales que establece el artículo 139° incisos 3) y 5) de la constitución política del perú, si la sentencia no emite pronunciamiento conforme a la pretensión demandada, el mérito de lo actuado y al derecho.

Sumilla: &a la aplicación del artículo 66 de la ley n° 27444, referida a la transferencia de competencia durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la materia a transferirse debe estar precisada y debidamente delimitada, a tal punto que no pueda ser observada o generar dudas sobre lo transferido."""

Se vulnera el principio constitucional de motivación de resoluciones judiciales que establece el artículo 139° inciso 5) de la constitución política del perú, si la sala superior al expedir pronunciamiento no valora en forma conjunta todos los medios probatorios aportados al proceso, limitándose a realizar una afirmación genérica.

Al haber realizado el demandante labores de naturaleza propias de la institución por más de un año sin solución de continuidad y por tanto permanentes, le alcanza la protección prevista en la ley n° 24041, por lo que solo pudo ser cesado o ser destituido previo proceso administrativo.

El legislador peruano ha consagrado en el artículo 1984 del código civil una fórmula cuando dispone que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia, lo que se traduce en el sentido que el monto indemnizatorio por daño moral deberá estar de acuerdo con el grado de sufrimiento producido en la victima y la manera cómo ese sufrimiento se...

Que la omisión en que incurren las sentencias de mérito traen como consecuencia la constatación de infracciones que alcanzan a derechos procesales de orden constitucional, pues se han emitido las mismas con una motivación aparente, prescindiendo de una adecuada exposición de los hechos, así como de una adecuada valoración de todos los medios probatorios.

En el cuarto pleno casatorio en materia civil celebrado por las salas civiles permanente y transitoria de la corte suprema de justicia de la república, a propósito de la casación número 2195-2011-ucayali, se ha establecido como doctrina jurisprudencial vinculante que una persona tiene la condición de precaria cuando ocupe un bien ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando contando...

Conforme a lo establecido en el artículo iii del título preliminar del código procesal civil, el objeto del proceso y su finalidad es poner fin a un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; es decir, el proceso no puede ni debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento al servicio del derecho subjetivo de las partes, siempre respetando

La sala superior infringe el principio de motivación de las resoluciones judiciales, y el debido proceso legal, al no expresar las razones lógico jurídicas suficientes para desestimar la demanda incoada sobre reintegro de guardias hospitalarias, restringiendo sus fundamentos a citar los artículos 1° y 2° del decreto de urgencia n.° 105-2001, así como el artículo 4° de su reglamento aprobado por...

Que, los órganos de mérito, en el presente caso, en clara infracción al marco jurídico antes descrito han omitido señalar los fundamentos facticos y jurídicos que den sólido respaldo a su decisión de estimar la demanda. así, al infringir la garantía de la debida motivación y con ello el derecho al debido proceso acarrean la invalidez insubsanable de la sentencia de vista recurrida, así como la...

En el proceso sobre desalojo por ocupación precaria, no es posible establecer, la naturaleza social o no, del inmueble materia de litis, derivada de la unión de hecho pendiente de reconocimiento judicial, porque ello constituye el objeto del proceso de unión de hecho.

Al amparo de lo estipulado por los artículos 1414 y 1415 del código civil, no se cumple con los requisitos del contrato definitivo (contrato de compraventa); máxime si las instancias de mérito han motivado las razones por las cuales declararon la improcedencia de la demanda, en base a lo regulado por el inciso 5 del artículo 427 del código procesal civil; esto es, que se advierte que en ninguno...

En el presente proceso, no se ha incurrido en infracción alguna del artículo 139, inciso 5, de la constitución, pues conforme se aprecia de la sentencia impugnada el ad quem, para sustentar su fallo ha dado razones suficientes, no solo jurídicas, sino también razonadas y lógicas a base de las pruebas admitidas en autos, pruebas que no fueron refutadas con documentos idóneos por la parte emplazada.

El derecho a probar se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas por las partes en el interior del proceso.

En sede casatoria es procedente en forma excepcional controlar la justificación del razonamiento sobre el cual se fundamenta la decisión.