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Protección que incapacita

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Por Felipe bARBERO mARIÁTEGUI@felipebarberomBryan Russell es un joven de 22 años que habla dos idiomas y le interesa mucho el teatro. Se graduó hace poco en la carrera de periodismo en una reconocida universidad y apunta a seguir una maestría. Sin embargo, cuando en un curso, le encargaron de tarea abrir una microempresa, el notario que atendió su solicitud no se lo permitió. ¿La razón?: dudó de su capacidad jurídica (aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones) debido a que tiene síndrome de Down. Este episodio, que marcó su vida durante sus pasos por las aulas, ahora sirve de ejemplo para impulsar un ambicioso proyecto de ley que se encuentra en el Congreso que pretende modificar más de 80 artículos del Código Civil a efectos de reconocer la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad intelectual o mental.Teoría vs. realidadA pesar de que el Código Civil peruano establece que se debe presumir la capacidad salvo que un juez declare lo contrario, el desconocimiento o una inadecuada interpretación de esta norma, conlleva a que muchas instituciones, tanto públicas como privadas, restrinjan sistemáticamente una serie de derechos a las personas que sufren de discapacidad mental o intelectual.Actos como abrir una cuenta bancaria, reclamar alimentos, tramitar una pensión o, como en el caso de Bryan, registrar una microempresa, se impiden a diario, debido a que prejuicios o dudas asaltan la mente de quienes se disponen a realizar algún tipo de contrato con ellos sin importar que el nivel de afectación de su discapacidad sea mínimo.Alberto Vásquez, presidente de Sociedad y Discapacidad señala que, inclusive, algunas instituciones públicas solicitan que estas personas tengan que recurrir obligatoriamente a procesos de interdicción para poder reclamar una pensión de orfandad o contratar con el seguro social.No decido másLa interdicción es un proceso judicial por el cual un juez determina la incapacidad de una persona y le designa un representante legal (denominado curador) para que vele por sus intereses. No obstante, en la práctica, una sentencia de interdicción conlleva a una muerte civil, ya que es común que los jueces al dictarla eliminen todo tipo de capacidad de decisión de la persona declarada incapaz por el resto de su vida. Es decir, a partir de ese momento, se sustituye su voluntad y se le prohíbe disponer libremente sobre derechos civiles básicos como firmar contratos, votar o casarse. Si bien esta figura fue...

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