imprescriptible

Sumilla: la obligación de pago por el uso o explotación de un recurso natural, como el agua subterránea, se exige sobre la base de la legislación especial que la regula.

Este supremo tribunal considera que la defensa de un recurso natural esencial para el presente y futuro de nuestra sociedad, no puede limitarse a la discusión de una disyuntiva formal, pues, lo más importante es reconocer que, de un modo u otro, existe la obligación de pago, que ha sido calculada debidamente y el procedimiento previsto para su determinación y cobro ha garantizado el derecho de...

El tribunal constitucional no ha proscrito la posibilidad de hacer efectivo el pago de la retribución económica por el uso del agua, únicamente ha prohibido cobrar con la calidad de recurso tributario por no reunir el valor correspondiente los presupuestos exigidos por el principio constitucional de reserva de ley y legalidad, entre otras, por consiguiente sedapal se encuentra constitucional y...

Sumilla: más allá de la calificación como tributo o retribución económica que pueda otorgarse al pago por el uso del agua subterránea, el servicio de agua potable y alcantarillado de lima - sedapal está autorizada por la ley para realizar el cobro correspondiente, por ser un recurso natural.

Sumilla: pretender el no cobro de la contraprestación por el uso de agua subterránea deviene en un contrasentido dentro de la lógica de la explotación responsable de los recursos naturales y con la política de preservación de las reservas de recursos hídricos. la resolución no ha ponderado estos elementos y por lo tanto se ha inclinado por una solución que envía una señal peligrosa a la nación,...

Sumilla: &nstitucional para el uso del agua subterránea el pago obligatorio e ineludible de una retribución económica, en el marco del derecho fundamental del acceso equitativo al agua y de una explotación racional del recurso natural hidráulico basada en el interés público; pago que no constituye tributo sino retribución económica, conforme al artículo 66 de la constitución política, artículo 20

Es una condición constitucional para el uso del agua subterránea, el pago obligatorio e ineludible de una retribución económica, en el marco de una explotación racional basada en el interés público del recurso natural de dominio público hidráulico; ello conforme al artículo 66 de la constitución política, artículo 20 de la ley n° 26821, ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los...

Sedapal se encuentra constitucional y legalmente facultada para cobrar retribución económica por el uso del agua subterránea, por ser un recurso natural de patrimonio y soberanía del estado, según la ley de recursos hídricos, ley n° 29338, es obligatorio su pago por parte de los usuarios.

Sumilla: los lotes de terreno que vienen ocupando los actores no pueden ser materia de reconocimiento de derecho a su favor, por cuanto se tratan de bienes inalienables e imprescriptibles conforme a lo establecido en el artículo 73° de la constitución política del estado y del artículo 1° de la ley n° 26664, toda vez que los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áre

El propietario del predio dominante tiene derecho a pedir el deslinde y amojonamiento respecto de la servidumbre de paso constituida a favor de su inmueble y los predios que colindan con el mismo.

En el caso de autos, se deja establecido que al tener el recurrente su derecho inscrito en la partida registral de la tienda materia de litis, mientras que la parte accionante no ostenta inscripción alguna que le dé prioridad registral, es evidente el mejor derecho de propiedad sobre dicho bien - más si no puede desdeñarse la inscripción registral del derecho del emplazado, invocando una presunta

Sumilla. no se infringe el principio de congruencia, cuando se dicta el fallo atendiendo a lo que se pidió y a la causa petendi, pues el demandado pudo ejercer sus derechos para desvirtuar la imputación que se realiza en la demanda

El recurso deviene en infundado, conforme al artículo 397° del código procesal civil; porque como puede verificarse de autos, el proceso estuvo paralizado por más de cuatro meses, sin que haya sido impulsado por los recurrentes, produciéndose el abandono de conformidad con el artículo 346° del código procesal civil, decisión contenida en las resoluciones de mérito que se mantiene al encontrarse...

Se contraviene el debido proceso: derecho de motivación y conducta procesal cuando en un proceso de reivindicación no se verifica si quien reclama el predio actuó de buena fe al momento de adquirir el inmueble

Sumilla: es fundada la demanda de reivindicación, dado que en la sentencia de vista recurrida ha quedado determinado que la parte demandante acreditó su derecho de propiedad y la parte demandada no probó la propiedad que alegaba respecto al inmueble reclamado.

Dentro del cúmulo de manifestaciones del derecho de contradicción una de las más importantes está constituida por el derecho de defensa. este derecho es ante todo uno de carácter abstracto, no requiere de contenido y es puramente procesal, basta con conceder real y legalmente al emplazado la oportunidad de apersonarse, contestar, probar, alegar e impugnar a lo largo de todo el proceso para...

El artículo 950 del código civil establece que para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, se requiere que concurran copulativamente todos los requisitos señalados por ley; pero, para ello, también es necesario que se analice lo estipulado en el artículo 985 del mismo cuerpo normativo, relacionado con los bienes hereditarios.

Debemos precisar que la ley número 29618 - ley que establece la presunción de que el estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal - entró en vigencia el veinticuatro de noviembre del dos mil diez; la demandante habría adquirido el inmueble sub litis por prescripción en el año mil novecientos noventa y seis, por lo...

Precedente vinculante.- artículo 22 del texto único ordenado de la ley orgánica del poder judicial.- reglas para el cambio de nombre a que se refiere el artículo 29 del código civil, el cual establece &".

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.