apelacion auto admisorio

Si en un proceso judicial se demanda el desalojo por ocupante precario, y la contraparte tiene un proceso de nulidad de acto jurídico, en que cuestiona la validez de la compraventa con que el actor del desalojo ampara su derecho, contando inclusive con fallos favorables en ambas instancias, resultaba de imperiosa necesidad que el ad quem evalúe el resultado final de la pretensión nulificante. en...

Existe falta de legitimidad e interés para obrar, si la parte demandante pretende equiparar una delegación administrativa de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales con la facultad de promover una acción judicial de desalojo.

Confirmaron la sentencia n° 060 - 2021, contenida en laresolución n° 4, de fecha 5 de marzo de 2021, que declara fundada lademanda interpuesta por jimmy josue gil de los santos contramunicipalidad distrital de santiago de surco; enconsecuencia, se reconozca la existencia de una relación laboral aplazo indeterminado entre las partes, bajo el régimen laboralde la actividad privada, decreto...

No haber nulidad en resolución recurrida los hechos imputados al querellado fueron definidos expresamente en el auto admisorio que dio inicio al presente proceso, los cuales prescribieron antes la emisión de la sentencia de primera instancia. por tanto, fue correcta la decisión de la sala superior de declarar de oficio la prescripción de la acción penal y dicha resolución debe ratificarse.

El derecho a probar es un derecho fundamental de naturaleza procesal implícito, que le corresponde a toda persona vinculada a un proceso o procedimiento, que se encuentra inmerso en el derecho a la tutela procesal efectiva y se relaciona con el deber de motivación, este derecho garantiza ofrecer los medios probatorios, que se admitan y actúen, y que se valoren debidamente por el juzgador, esta últ

El demandado que considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso, conforme lo establece el artículo 102 del código procesal civil.

La legitimidad para obrar o legitimatio ad causam, es una condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia. la demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar puede ser declarada improcedente de oficio por el juez, pudiendo incluso ser denunciada a través de la correspondiente excepción. asimismo se configura cuando no existe...

Barrera burocrática. estación de radio telecomunicación. la denominada autonomía de los gobiernos locales en los asuntos de su competencia, debe ser ejercida dentro del marco constitucional y legal vigente. las municipalidades forman parte de la estructura del estado y como tal, les corresponde accionar bajo el principio de legalidad.

Los demandados no tienen la condición de ocupantes precarios al contar con título para poseer el predio materia de controversia, por lo que la interpretación realizada por la sala superior del artículo 911° del código civil es el que corresponde a la luz de la doctrina jurisprudencial vinculante establecida en el cuarto pleno casatorio civil recaído en la casación n° 2195-2011-ucayali.

Sumilla: el fundamento de la prescripción adquisitiva es la posesión que se ejerza conforme a los requisitos contenidos en el artículo 950 del código civil, denominada posesión ad usucapionem, posesión cualificada por requerir ser continua, pacífica y pública como propietario. entonces, el poseedor que pretende ser declarado propietario sobre el bien por usucapión, debe acreditar ante los órganos

La declaración de rebeldía no debe significar la aplicación automática de la presunción de rebeldía, sino que es el juzgador quien de su apreciación conjunta de los medios probatorios deberá formar convicción de los hechos sustentados en la demanda.

Corresponde que la parte demandante cumpla con acreditar los presupuestos de la acción pauliana, a fin de que sea amparada, en el caso de autos, se ha evidenciado que los demandados no han tenido el animus de causar daño o perjuicio al demandante, y tampoco se ha demostrado que la empresa liquidadora quien es la encargada de observar el orden de prelación haya tenido conocimiento de la existencia

En los casos de procesos de violencia familiar iniciados a instancia del ministerio público, el apersonamiento de la víctima a los autos no genera que aquel sea excluido del proceso, sino que únicamente provoca una variación en el modo de su participación procesal: de parte demandante a tercero coadyuvante.

Sumilla: se afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, en cuanto comprende al derecho a obtener una resolución fundada en derecho, cuando se emite un pronunciamiento que declara la conclusión del proceso por sustracción de la materia sin considerar la totalidad de las pretensiones demandadas, así como descartar la figura procesal de acumulación sucesiva de...

No es admisible el recurso de nulidad en el procedimiento de querella, si la resolución cuestionada no está comprendida en los supuestos descritos en el artículo 292, del código de procedimientos penales ni en el motivo específico, previsto en el artículo 314, del mismo código adjetivo.

El recurso de casación carece manifiestamente de fundamento, como para ser estimado. en consecuencia, de conformidad con el numeral 2, literal a) del artículo 428 del código procesal penal, corresponde declarar nulo su admisorio, e inadmisible este.

Nulidades procesales y principio de trascendencia.- entendida como aquél estado de anormalidad de un determinado acto procesal (o conjunto de ellos) en razón de la carencia o presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia regular son, según la más moderna doctrina, soluciones de ultima ratio, a las que sólo debe recurrirse en casos extremos, dejando de lado la añeja posición del

La obligación de elevar el contrato a escritura pública puede haber sido prevista por las partes en el propio contrato, sin embargo, en el caso de que no lo haya sido, dicha obligación es impuesta por el artículo 1549 del código civil.

El instituto de la cosa juzgada fraudulenta, regulada en el artículo 178 del código procesal civil, tiene por objeto dejar sin efecto una resolución que, revestida de cosa juzgada, se estima que ha sido expedida con fraude procesal o colusión.