El VRAEM es el verdadero país de todas las sangres: una entrevista a Ricardo Soberon.
| Autor | Sánchez León, Abelardo |
| Cargo | Las siglas VRAEM significa Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro - Entrevista |
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Las políticas de lucha contra el narcotráfico están apostando al cambio, desde los estados de la Unión como Washington y Colorado, hasta países como México, Colombia y por supuesto el Uruguay. Mientras, en el Perú la política sigue secuestrada por la ignorancia y el desinterés en el gobierno de Húmala, que solo aplica más represión.
PANORAMA INTERNACIONAL
¿Cuánto de estas reformas o nuevas perspectivas sobre el problema del consumo de drogas y el narcotráfico están siendo entendidas o asumidas en el Perú?
El cambio más importante ocurre fuera de nuestras fronteras, y podemos trazarlo desde el año 2008 a la fecha. Se trata de quince a dieciocho decisiones a nivel municipal, constitucional, jurisdiccional, político, diplomático, en distintas esferas, que han removido la estructura del sistema internacional del control de drogas basado en esas tres convenciones.
¿Cuáles son esas tres convenciones?
La primera es la que establece el sistema, la Convención Única de Estupefacientes del año 1961. El año 1971 se firma la Convención de Sustancias Psicotrópicas, las sintéticas, las preparadas de naturaleza más compleja. Y en el año 1988 se da la convención que reúne a las dos anteriores y las incrementa, que es la Convención Internacional de Lucha Contra el Tráfico Internacional de Drogas, de Naciones Unidas. Esa es la base jurídica del sistema internacional que hemos visto en funcionamiento desde 1912, 1933, 1961, 1971, 1988 y con el inicio de la guerra contra las drogas de Estados Unidos en el año 1989-1990, hasta la fecha. Ese es el calendario que se ha visto removido por estos cambios. El presidente Correa, quien ha tenido a su padre preso por burrier, decidió dar un indulto el año 2008 a trescientas personas con determinado perfil en el Ecuador, reduciéndole el problema de hacinamiento penitenciario a ese país.
No como el de García. Hay una diferencia.
Por supuesto, hay enormes diferencias. En un caso es por razones humanitarias y en el otro es lucro puro. Precisamente lo de Alan García ha perjudicado nuestro trabajo institucional en defensa de cierto tipo de internos que sí merecen recibir un indulto. Luego vino la Corte Suprema argentina para señalar que el consumo no era delito, cuando habían pasado dos causas hasta el Tribunal Constitucional argentino por temas de posición para el consumo de marihuana y la corte decidió. Luego está Bolivia, cuando denuncia y se sale de la Convención de 1961 y retorna, pero con una reserva: que en su caso no se aplique el artículo que ordena la prohibición de la masticación de la hoja de coca. Y luego viene el Uruguay, que el año 2009 plantea en la Comisión de Estupefacientes que es necesario evaluar si los impactos de estas convenciones internacionales antidrogas chocan con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Solicitaron ese análisis porque se había visto demasiada evidencia en cárceles, centros de entrenamiento en zonas cocaleras en Colombia, en México, con la marihuana, donde la violencia y el conflicto habían prevalecido, violentando los derechos de la población. Ese fue otro remezón proveniente de América Latina que recibió el sistema del control de drogas. Y luego vendría la gran aventura estadounidense, un proceso libertario que ha llevado a veintiún estados de la Unión a aceptar el uso médico del cannabis y a dos estados a aceptar su uso recreacional, abriéndose las puertas de ingentes mercados lícitos de productos y derivados del cannabis para varias actividades económicas: el control del dolor, la medicina preventiva, como tranquilizante natural; usos responsables, por supuesto. Esos son los grandes cambios en el escenario internacional, que terminan con una cerecita en mayo del año pasado: el Informe Hemisférico de la OEA sobre el problema de las drogas, que reconoce la vastedad de los problemas no resueltos de la guerra contra las drogas y la necesidad de buscar nuevos enfoques.
TIPOS DE DROGAS
¿El cannabis tiene un estatus diferenciado?
Podemos empezar por ahí. En Bogotá, el alcalde Gustavo Petro, antes de iniciarse este proceso de revocatoria, creó los CAMAD, que son centros de atención médica a los drogodependientes de zonas bravas de Bogotá, como el Bronx. Las instaló con equipos multidisciplinarios --psicólogos, abogados--para proporcionar una serie de servicios a esta gente. La iniciativa fue tan buena que hasta los miembros de las bandas empezaron a amenazar a los operadores. Así que no se trata solo de la cannabis, pero convengamos que es tácticamente conveniente empezar por lo menos dañino.
¿El resto qué cosa es?
Sustancias psicoactivas que merecen regímenes de control en la medida de lo posible administrativos, municipales, y no penales; sería idóneo que sea administrativo, municipal, regional, competencia de ministerios como los de Salud, Educación y Desarrollo Rural. La policía debería intervenir como última opción. El problema del Perú es que aquí todo se ve con policía, mediante la represión. Todos los documentos en el mundo que buscan nuevos enfoques en materia de políticas antidroga mencionan esto. Se ha sobrecargado de tareas a la policía.
¿Cuáles serían las drogas más peligrosas?
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En términos cuantitativos, a nivel nacional, el alcohol y el tabaco están en dos cifras: 40, 50, 55 puntos. Sumadas las tres de naturaleza ilegal--cannabis, PBC y clorhidrato de cocaína--, en prevalencia de uso, no llegan a diez puntos. En términos cuantitativos, los más peligrosos, de lejos, son el alcohol y el tabaco. En términos de riesgos concretos para la salud, por emergencias hospitalarias o por muertes asociadas, de lejos el alcohol y el tabaco. Lo curioso es que ahí sale el artículo ocho de la Constitución que dice que el Estado lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y regula las drogas sociales, demostrando la gran hipocresía de un Estado constitucional de derecho que hace...
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