La tutela administrativa efectiva en el procedimiento administrativo sancionador

AutorArmando N. Canosa
CargoProfesor de la materia Procedimiento Administrativo en la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Contacto: acanosa@marutiancanosa.com.ar
Páginas243-266
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Derecho & Sociedad
Asociación Civil
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Revista Derecho & Sociedad, N° 54 (I) / pp. 243-266
La tutela administrativa efectiva en el
procedimiento administrativo sancionador
The effective administrative protection in the administrative
sanctioning procedure
Armando N. Canosa*
Universidad de Buenos Aires
Resumen:
El presente trabajo tiene como fundamento principalmente establecer que la denominada
potestad sancionadora de la administración forma parte de la actividad administrativa,
alejándola de toda actividad judicial. De allí se deriva que el acto sancionatorio tendrá el
carácter de un verdadero acto administrativo y por lo tanto, para llegar al dictado de éste
necesariamente deberá transitarse un procedimiento administrativo, lo cual transforma
a éste en una garantía para el particular. Nos referimos al procedimiento administrativo
sancionador. No podrá aplicarse una sanción sino se cumple con el tránsito de un
procedimiento administrativo que, a su vez, esté rodeado de imprescindibles garantías. La
fundamental, sin dudas, es la tutela administrativa efectiva que rige en todo procedimiento
administrativo, adquiriendo el carácter de especial el procedimiento administrativo
sancionador. La garantía en estudio es el continente de principios que rigen a todo
procedimiento administrativo que reeren no solo a los derechos de los particulares, sino
también a la ecacia en el actuar de la administración.
Palabras clave:
Procedimiento administrativo sancionador – Principios del procedimiento administrativo –
Garantías de la tutela administrativa efectiva – Derechos de los particulares – Ecacia de la
actividad administrativa
Abstract:
The purpose of this work is to stablish that the administrative sanctioning power is part
of the administrative activity, therefore being away from judicial activity. As consequence
of that, the sanctioning act will have the character of an administrative act and, therefore,
to expedite the sanctioning act it will necessarily will transit an administrative procedure
that will have essential guarantees. The most important, without doubt, will be the eective
administrative protection that rules all kinds of administrative procedures, being the
administrative sanctioning act a special of it. The studied guarantee contents principles that
rule every administrative procedure that refer not only the individuals’ rights, but also the
ecacy of administration acts.
Keywords:
Administrative sanctioning procedure – Principles of administrative procedure – Guarantees
of the eective administrative protection – Individuals rights – Administrative acts ecacy
Sumario:
1. El denominado procedimiento administrativo sancionador – 2. La tutela administrativa
efectiva. Sus alcances. La aplicación de la garantía al procedimiento administrativo
sancionador – 3. Las bases de un procedimiento administrativo sancionador garantístico
y moderno – 4. La cuestión instrumental y la necesaria reforma del procedimiento
administrativo sancionatorio – 5. Bibliografía
* Profesor de la materia Procedimiento Administrativo en la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires. Contacto: acanosa@marutiancanosa.com.ar
FECHA DE RECEPCIÓN: 15/01/2020
FECHA DE APROBACIÓN: 14/03/2020
| Derecho Administrativo Sancionador |
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Asociación Civil
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Revista Derecho & Sociedad, N° 54 (I), Junio 2020 / ISSN 2079-3634
1. El denominado procedimiento administrativo sancionador
Corresponde una aclaración preliminar. El presente trabajo tratará de demostrar la necesaria vinculación
que debe existir entre la tutela administrativa efectiva y el procedimiento administrativo sancionador, dada
la imprescindible aplicación de un conjunto de derechos y de principios que integran dicha garantía a esta
porción del procedimiento administrativo. También es dable aclarar que nos esforzaremos en destacar la
insuciencia de la legislación en lo que respecta a dicho ítem, poniendo sobre este verdadero banco de
pruebas a la normativa constitucional, legal y reglamentaria de la Argentina, sin perjuicio de la remisión o
cita de otros ordenamientos jurídicos o la opinión de doctrinarios extranjeros.
Para conceptualizar al procedimiento administrativo sancionador, y también para tratar de determinar
efectivamente su autonomía, resulta necesario, a su vez, precisar algunos conceptos con relación al
denominado derecho administrativo sancionador, dada la obvia relación que existe entre este capítulo del
derecho administrativo y el elemento formal que debe utilizarse para el dictado de los actos administrativos
dentro de ese espectro jurídico. Solo en la teoría podría existir el derecho administrativo sancionador si
no tuviera cabida el procedimiento administrativo sancionador. De lo expuesto surge, como una primera
aproximación, que se trata de establecer las características del iter a transitar a efectos de aplicar una sanción
administrativa, lo que en denitiva no puede alejarse de la matriz tradicional en la materia, toda vez que la
sanción administrativa será, en esencia, un verdadero acto administrativo.
Esta parte del derecho administrativo tiene su génesis en la llamada “potestad sancionatoria de la
administración”, la cual tiene un correlato con la idea de gestión o de intervención de los órganos
administrativos, es decir que esta potestad está unida a la posibilidad de ejercer por parte de éstos la
regulación y ejecución de políticas públicas en determinadas materias, dentro de los límites que la norma
constitucional impone y que en modo alguno supongan la violación del principio de separación de
poderes1. Esta potestad tiene una indisimulable relación con la intervención administrativa, en tanto y en
cuanto se le otorgan facultades de los órganos que integran la misma para que puedan aplicar sanciones
a las conductas que supongan la transgresión de la normatividad administrativa, no pudiendo concebirse
un Estado intervencionista –el que resulta necesario cuando ello lo sea en justos términos y conforme
a los principios democráticos– sino se lo dota de herramientas para que pueda hacer cumplir con las
obligaciones –en sentido amplio– que la administración impone a los particulares en forma de mandato o
de prohibiciones 2.
Resulta necesario aclarar que esta potestad no la debemos unir indisolublemente a la “policía administrativa
y los efectos de ésta sobre los particulares, sino que aquella está vinculada a toda la actividad interventora
o regulatoria de la administración, siendo un capítulo más de toda la actividad que desarrolla, y por ello,
esta maquinaria sancionatoria puede también provenir de la regulación general de determinados contratos
que celebra la administración e inclusive de cláusulas contractuales que se traducen en obligaciones que
estarán a cargo de un particular3. También la administración podrá ejercer esta potestad sancionatoria
cuando la inobservancia de la norma proceda de una relación interna con una particular, siendo el caso del
empleo público (aun cuando lo consideremos un verdadero contrato administrativo) y la relación propia
que mantiene con el personal de las fuerzas armadas y de seguridad. La idea que vincula a esta potestad
con la gestión que es propia de la administración da la posibilidad de que incluya otros aspectos, tomando
también un concepto amplio del vocablo regulación, como por ejemplo aquello que hace a la percepción
de tributos por parte de la misma.
El conjunto de normas y principios jurídicos que moldean el ejercicio de la potestad sancionatoria de la
administración conformarán lo que se ha de llamar el Derecho administrativo sancionador, el cual forma
parte del derecho administrativo común, sin perjuicio de la vinculación con otras ramas del ordenamiento
jurídico –principalmente con la penal–, no pudiendo desconocer que su regulación tiene ciertas
peculiaridades, que serán expuestas con los lógicos límites en cuanto a la extensión, con el objeto de no
desviarnos del núcleo central propuesto para este trabajo. En pocas palabras, digamos que este derecho
administrativo sancionador aparece como una herramienta para dar juridicidad a la potestad sancionatoria
administrativa4. Siempre vinculando la existencia de esta porción del derecho administrativo a la potestad
1 Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 2da. edición (Madrid: Tecnos, 1994), 137.
2 “Históricamente ha sido siempre consustancial al poder público el reconocimiento de una facultad para imponer sanciones como
consecuencia de la infracción de las obligaciones impuestas por el mismo poder. Se trata, simplemente, de una consecuencia lógica
ya que si tal facultad no existiese no podría garantizarse el cumplimiento de tales obligaciones y/o prohibiciones”. José L. Villar
Ezcurra, Derecho Administrativo Especial (Madrid: Civitas, 1999), 87.
3 Juan Carlos Cassagne, El contrato administrativo (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009), 33.
4 Fernando García Pullés, “Sanciones de policía, La distinción entre los conceptos de delito y faltas y contravenciones y la potestad
sancionatoria de la administración”, en AAVV, Servicio Público, policía y fomento (Buenos Aires: RAP, 2004), 757.

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