La Reforma Judicial y sus repercusiones

AutorRaúl Ferrero Costa
Cargo del AutorAbogado en ejercicio. Socio fundador del Estudio Ferrero Abogados.
Páginas1435-1442

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La Reforma Judicial y sus repercusiones

Raúl Ferrero Costa*

A pesar de lo dicho, la reforma del Poder judicial y de la administración de justicia siguen pendientes, aunque constituyen un anhelo largamente esperado e inveteradamente frustrado. Los gobiernos siempre han tenido dificultades en articular una relación productiva de trabajo con las autoridades del Poder judicial, ya sea porque lo han considerado como la cenicienta entre los tres poderes o porque la tentación de someterlo los ha llevado a buscar controlarlo para así no tener un fiscalizador que pueda contradecirlos y dificultarles su accionar. En el caso de los gobiernos autoritarios, los propósitos de intromisión han terminado siempre en prácticas arbitrarias e intervencionistas, impidiendo los esfuerzos por la autonomía exigidos oportunamente por sucesivos presidentes de la Corte Suprema.

Poco se va a lograr con medidas aisladas que seguramente tendrán el efecto de pronto alivio. Tiene que hacerse un trabajo de largo aliento para mejorar la calidad de nuestros magistrados, proporcionándoles capacitación permanente como parte de una carrera judicial en la que se sancionen las malas conductas.

* Abogado en ejercicio. Socio fundador del Estudio Ferrero Abogados.

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Raúl Ferrero Costa

En los últimos años se han realizado dos esfuerzos interesantes que deben servir de base para una estrategia de reforma como la que la ciudadanía reclama.

El diagnóstico ya ha sido hecho y no pensamos que se requiera de mayores estudios que los ya realizados.

Para elaborar dicha estrategia se deben tener como base el «Acuerdo Nacional por la justicia», que esforzadamente trabajó el mismo Poder judicial, con la colaboración de un grupo impulsor de la sociedad civil, bajo la presidencia del doctor Hugo Sivina (a fines del 2004 y comienzos del 2005) y luego la contribución de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de justicia —CERIAjUS—, creada por ley, que igualmente presentó más de 45 proyectos que no han recibido la suficiente atención. Si se utilizan ambos trabajos se ahorraría mucho tiempo con un diagnóstico ya realizado en extenso e inclusive en la elaboración de recomendaciones que ya han sido hechas y pocas de ellas debidamente tomadas en cuenta.1Si no se va a la concreción de un plan a corto, mediano y largo plazo, las medidas que se vayan tomando en el camino siempre resultarán insuficientes, parciales y/o fuera de un contexto con direccionalidad clara.

Siempre se ha dicho que el problema es más de personas que de instituciones, y que por ello mucho depende de quiénes seleccionen y nombren a los magistrados. Eso es verdad. Ésa es justamente la razón por la cual no resulta tan sencillo resolver el problema.

La formación académica de buen número de candidatos a magistrados no es necesariamente buena, mientras que muchas Facultades de Derecho donde se forman los futuros abogados, lamentamos decirlo, tampoco son capaces de ofrecer el nivel académico requerido. Sin embargo, este mal general no es óbice para que dentro de esas circunstancias y dificultades la labor del CNM no pueda mejorar.

Estamos seguros de que si la selección de futuros magistrados fuera más acuciosa y algunos de los miembros mostraran la indispensable independencia de criterio al escoger a los candidatos, la administración

1Nos hemos ocupado de este tema en nuestro libro La consolidación democrática. Escritos y estudios. Lima: Nomos & Thesis, 2005, p. 355.

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de justicia estaría ciertamente en mejor pie, tal como ocurre en países como Costa Rica y Colombia, por poner dos ejemplos.

No debería interesar cuál es el origen de los miembros del Consejo ni si tuvieron en su momento simpatías políticas partidarias, sino que actúen con transparencia y corrección al momento de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados.

El CNM debe demostrar autonomía en su conducción, así como en sus resoluciones, aplicando criterios de evaluación de objetivos.

Pensamos que se requiere de ajustes constitucionales en cuanto a la ratificación de los jueces. Creemos también que debe existir mayor precisión cuando se aplique la...

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