Reflexiones finales

AutorMarianella Ledesma Narváez
Páginas223-227
Reflexiones finales
La autonomía privada es la piedra angular del arbitraje, convirtiéndola en una justi-
cia privada y alterna a la justicia estatal. El convenio arbitral como expresión de dicha
autonomía materializa estos acuerdos en distintos planos con la nalidad de asegurar
la eciencia del arbitraje.
El arbitraje, como herramienta para la solución de controversias, responde a
reglas exibles, actuales, conables y a la vez previsibles. A diferencia del modelo de
la justicia estatal, que desarrolla un largo proceso formal y burocrático, el arbitraje se
presenta como una alternativa de proceso uido, adaptable a cada caso. Sin embargo,
las bondades del sistema arbitral entran en serios cuestionamientos cuando se somete
el laudo arbitral a las reglas del proceso de ejecución judicial. Lo cuestionable es que
pese a existir un marco normativo que permite la ejecución en sede arbitral, son
reducidos los casos en que se aprecie que las partes han facultado a los árbitros para
continuar con la ejecución del laudo en sede arbitral; de ahí que se aprecia desde la
otra orilla —desde la jurisdicción— ingresar laudos ilíquidos al proceso de ejecución
judicial, cuando perfectamente estos pudieron haberse convertido en líquidos en el
propio escenario arbitral por ser un ámbito especializado y de mayor celeridad.
En la investigación realizada por la Ponticia Universidad Católica del Perú, por
encargo del Ministerio de Justicia sobre el desarrollo y difusión del arbitraje (2007),
se señala que el tiempo promedio que toma un proceso arbitral en Lima es de tres
a nueve meses. Esta pronta respuesta, obtenida en el proceso de cognición arbitral,
se frustra cuando es sometido a las reglas del proceso de ejecución en sede judicial.
Como hemos señalado, la ejecución de laudos en sede judicial toma más de tres años
en promedio. Es por ello que consideramos un tema urgente a trabajar es el trata-
miento que se brinda a la ejecución de los laudos arbitrales.
Consideramos que la autonomía privada debe extender su cobertura no solo al
proceso de cognición, sino al proceso de ejecución. Existen referentes normativos en
la derogada LGA y en el actual diseño normativo que así lo permiten. Trabajos de

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